La normativa que fue publicada en el Diario Oficial del 16 de febrero y está vigente desde el 24, enviará a la cárcel a aquellos que entorpezcan la inscripción de candidaturas cuando estas cumplan requisitos establecidos en las leyes.
Una aproximación al tema del diario El Mundo señaló que la reforma al artículo 295 aumenta las penas de prisión para el delito de «fraude electoral», en el cual se agregó la conducta de obstaculización a la inscripción de aspiraciones que cumplan los requisitos de ley.
Algunos expertos en temas electorales y legales valoran que en los últimos años ocurrieron interpretaciones a la Constitución que dieron pie a estas situaciones.
Por ejemplo, antojadiza o no, una disquisición sobre la Constitución permitió que el presidente Nayib Bukele pueda presentar su candidatura a una reelección continua cuando durante años nadie lo vio así, pues presuntamente estaba prohibida la continuidad más allá de un primer periodo, aunque sí podría aspirar en etapas alternas.
Cabría preguntarse, valoran expertos, si alguien presenta ante la justicia una apelación contra este hecho, ¿estaría obstaculizando la candidatura?
Al respecto, Eduardo Escobar, director ejecutivo de la Acción Ciudadana (AC), estimó que es una reforma con una «intención de intimidación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ciudadanía en general, miembros de partidos, que intentaran limitar o impugnar la candidatura» de Bukele.
Esa medida “legal” da cabida y pondrá en la picota también a todo aquel que ayude a ingresar al sistema informático electoral para alterar su información y tendrá penas de 15 a 20 años de prisión, según El Mundo.
Asimismo, la creación del delito de “atentados contra el derecho de sufragio” o ralentarizar un sistema informático electoral mediante solicitudes de ingreso masivas, será castigado con penas entre 10 y 15 años de prisión.
Además si el involucrado comete el delito de “casos especiales de fraude electoral” mediante amenazas, engaños, dádivas, promesas o cualquier otro beneficio, la pena aumenta más de seis años adicionales.
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