Los señalamientos reaccionan ante la revelación de la declaración de Otárola a la Fiscalía, quien dijo que las Fuerzas Armadas no le informaron de sus planes, en una indagación por posible genocidio y homicidio agravado, por muertes durante las protestas.
La indagación está referida a la primera ola de protestas iniciada el 7 de diciembre pasado, cuando Otárola era ministro de Defensa, pese a lo cual aseguró a la Fiscalía que no se informó sobre los planes de operaciones de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía y solo se le comunicaba los resultados.
“Como ministro de Defensa no tenía competencia táctica, operativa, ni funcional en la ejecución de los planes policiales y militares”, sostuvo.
Agregó que la función del ministro de Defensa solo es dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la política de seguridad y defensa nacional.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Miguel Jugo, refutó lo dicho por Otárola y lo señaló como «responsable de todos esos hechos, no sólo político sino operativo y de todo el personal que está a su mando”.
Agregó que el primer ministro debió hacer una investigación sobre las muertes para que se sancione a los responsables, impedir que haya más muertes, y abrir una investigación. “Su responsabilidad es por acción u omisión”.
Añadió que el hoy primer ministro felicitó públicamente a militares y policías y ha sido el ideólogo del gobierno y como tal calificó las protestas como insurgencia terrorista y sostuvo que eran promovidas por la minería ilegal y el narcotráfico.
El exviceministro de Defensa, José Robles, por su parte, manifestó que Otárola tiene responsabilidad porque “las Fuerzas Armadas jamás salen a las calles si no es por una decisión política” del titular de Defensa, el primer ministro y el jefe del Estado.
Aseveró que los planes operativos militares son responsabilidad del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes del Ejército, la Marina y/o la Fuerza Aérea son órganos ejecutores del Ministerio de Defensa.
El jefe de las fuerzas contrainsurgentes del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, general retirado Leonardo Longa, expresó su desacuerdo con lo declarado por Otárola.
Al respecto dijo que “para utilizar la fuerza se necesita una decisión política y no la del jefe del Comando Conjunto; por lo tanto, Otárola es responsable político”.
El primer ministro señaló también que transmitió al jefe del Comando Conjunto, Manuel Gómez, la instrucción presidencial, de que el uso de la fuerza se ajuste a lo legal y que la prioridad sea la vida de los civiles.
El jurista Omar Cairo apuntó que si esa orden no fue cumplida, “la responsabilidad política por esa tragedia es de Otárola” y por ello la presidenta debió destituirlo, pero, “por el contrario, lo promovió nombrándolo presidente del Consejo de Ministros”.
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