Los ministerios de Defensa y del Interior culparon a quienes llamaron extremistas violentos, de atacar la comisaría de la población, parte de la región surandina de Puno e incendiarla y la base militar instalada recientemente en un hotel del lugar.
En un comunicado público, condenaron el ataque a pedradas durante tres horas al recinto policial por parte de 300 pobladores, y aseguraron que puso en grave riesgo la vida de los 43 agentes que allí se encontraban y que fueron rebasados por los civiles.
Añade que prendieron fuego parcialmente a la comisaría con bombas incendiarias caseras y causaron 10 heridos, evacuados por un helicóptero e hirieron a siete militares, y además incendiaron automóviles de policías y militares, mientras otro grupo atacaba la base militar.
Testimonios de pobladores y versiones periodísticas, sin embargo, sostienen que fueron atacados por policías y militares cuando marchaban para expresar su indignación porque el jueves último, en Lima, un policía disparó una granada de gas lacrimógeno, a corta distancia, al cuerpo de una manifestante de Juli que llevaba su pequeño hijo atado a la espalda.
Añaden que los hechos comenzaron cuando se concentraron ante la base militar, cuando fueron repelidos con disparos, y no en el incidente de la comisaría y que la represión incluyó lanzamiento de gases lacrimógenos desde un helicóptero.
La conocida periodista Jacqueline Fawks afirmó en Twitter que el comunicado oficial “contiene falsedades y vacíos estruendosos” y suscribe la versión reseñada.
Entretanto, en Lima, el médico Antonio Quispe, quien encabeza una brigada que asiste a manifestantes heridos en las protestas, denunció que la Policía está usando “armas químicas”, es decir gases mucho más fuertes y dañinos que el usual gas lacrimógeno. Dos brigadistas sufrieron intoxicación por esos gases anoche en la represión de una de las movilizaciones opositoras que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
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