En un mensaje televisivo por el Día de la Mujer, la mandataria dijo que “seguiremos cumpliendo el cargo con esmero y dedicación, como lo hacemos las mujeres de nuestra patria en aquello en lo que nos comprometemos”.
Hasta hace poco, el rechazo se enfocaba en la gobernante y el primer ministro, Alberto Otárola, y provenía de las organizaciones sociales y partidos opositores, con mayor fuerza en la región surandina de Puno, pero ahora reciben cuestionamientos otros ministros y las críticas provienen de diversos sectores.
En el Parlamento, la renuncia de Otárola fue reclamada por las bancadas de izquierda, que lo consideran clave para la política de mano dura contra las protestas sociales desatadas el 7 de diciembre último tras la destitución y prisión del presidente Pedro Castillo.
Además, legisladores y políticos de derecha como el general retirado Roberto Chiabra cuestionan su permanencia en el cargo y es inminente una interpelación al número dos del Parlamento
Según afirmó, las Fuerzas Armadas ya no confían en el número dos del Gobierno y menos los líderes de las protestas, por no dar garantías de un diálogo sincero para resolver el conflicto.
La presidente Boluarte debe evaluar si el titular del Consejo de Ministros (cargo oficial) Otárola le suma o le resta. Es momento de tomar decisiones, dijo.
También el congresista de derecha extrema Jorge Montoya se declaró partidario de interpelar al ministro de Defensa y enfocó en su incidente en la muerte ahogados de seis soldados que se lanzaron a un río al verse amenazados por manifestantes o por una orden de quien los conducía, según dispares versiones.
Lo ocurrido “es tan grave que debió renunciar” por iniciativa propia, sin esperar ser interpelado, agregó.
«Exigimos la renuncia inmediata del ministro de Defensa al ser el responsable político de esta tragedia, así como la sanción de los mandos militares superiores, porque esta situación no debe quedar impune», planteó al respecto Perú Libre.
Previamente, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes en retiro, emitió un comunicado en el que validó la versión oficial del acoso de manifestantes pero responsabilizó al Gobierno de la tragedia por impedir que los militares usen sus armas.
El texto de la agrupación, que muchos consideran refleja criterios de las Fuerzas Armadas, rechaza la declaración de Otárola ante el Ministerio Público, en una investigación sobre muertes en las protestas, que negó la responsabilidad del Gobierno y señaló tácitamente que la misma corresponde a militares y policías.
Sostiene que el primer ministro pretendería negar que la presidenta “autorizó el uso de armas de fuego por parte de nuestras Fuerzas Armadas para el control de los disturbios violentos en las zonas declaradas en Estado de Emergencia”.
Tal estado de excepción –añade- implica el uso de las armas, según una norma legal de mayor nivel que la orden verbal de Boluarte de no disparar, invocada por Otárola ante la Fiscalía y pese a lo cual murieron 48 civiles en las protestas.
Los exmilitares sostienen que Boluarte transgredió “las normas legales al ordenar el no uso de las armas, propiciando el incremento del caos y la violencia, más aún cuando Otárola “pretende trasladar toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y la Policía”, sin asumir su responsabilidad política.
También es fustigado el ministro de Educación, Óscar Becerra, por comparar, según sus críticos, a mujeres indígenas con animales, porque llevan a sus bebés atados a la espalda en marchas de protesta reprimidas por la Policía.
Para el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, Becerra quedó descalificado para continuar en el cargo, por lo que debe ser interpelado y censurado.
Está ya programada además la interpelación parlamentaria al ministro del Interior, Vicente Romero, por el violento allanamiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, para detener masivamente a estudiantes y marchistas opositores llegados del interior y allí acampados.
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