De acuerdo con el abogado Harley Mitchell y la vicealcaldesa Raisa Banfield, activistas de esos colectivos que adversan la actividad minera, ya en 2017 la CSJ había declarado inconstitucional este tipo de pacto que data de 1997, por lo que ahora se incurre en las misas violaciones.
Aunque el documento aún no es de dominio público, el pasado jueves el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, anunció que tras un año de negociaciones y redacción del acuerdo, las partes firmaron el texto que enmarca nuevas reglas para la mina en materia económica, fiscal y ambiental.
El fallo de la CSJ de 2017, alegan, se apalancaba en un régimen especial establecido que exigía que cualquier concesión fuera otorgada por licitación pública, pero en esta ocasión ha sido de forma directa.
También los ambientalistas señalaron que se subestimó el proceso de consulta pública, paso que sigue a la firma del contrato.
En ese sentido, señalaron que se trata de un simple protocolo anunciado para los próximos 30 días, porque los criterios de la ciudadanía no serán vinculantes en la redacción o consideraciones que adoptará el Gobierno luego de escuchar a la población.
Con respecto a los alcances económicos que alaba el Ejecutivo, los activistas refutaron que se trata de una “ganancia del país” el pago de impuestos y cargos obrero-patronales que son obligaciones de cualquier empresa, desvirtúa el concepto de regalías y de pago por el recurso del país.
También cuestionaron que los 187 millones de dólares que se destinarán al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), producto del pago anual de 375 millones de dólares a los que se comprometió la empresa, “es una burla», considerando que dicho programa requiere aproximadamente mil 400 millones anuales para pagar las jubilaciones.
Para las organizaciones se relegó el impacto ambiental de la explotación de cobre, a pesar de que esas operaciones dependen la naturaleza, pues la mina consume “más agua que el Canal”.
En ese sentido, exigieron se entregue el contenido del acuerdo; que se acojan para el análisis las propuestas de moratoria de la mina metálica a cielo abierto y que se inicie un plan de reemplazo de la actividad minera.
Al anunciar detalles del contrato de concesión a la trasnacional canadiense First Quantum, con vigencia de 20 años y prorrogables por similar periodo, el Gobierno destacó que sería beneficioso para todo el país.
Según el Ejecutivo, el nuevo texto conserva los términos que ambas partes acordaron en enero de 2022, en particular el aumento de las regalías, que pasan de entre 2,0 a 5,0 por ciento a entre 12 y 16 por ciento,, un ingreso mínimo anual para el Estado de 375 millones de dólares, 10 veces más de lo aportado antes por la compañía.
La mina Cobre Panamá, que opera en el distrito de Donoso, provincia de Colón, es la mayor inversión privada en Panamá calculada en unos 10 mil millones de dólares y su producción representa el 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto.
La operación en Panamá representa el 50 por ciento de la producción global de First Quantum, según sus propias estadísticas.
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