La huelga general, con pausas periódicas para que la población se abastezca de alimentos, se mantiene, y recibió el apoyo del alcalde de la ciudad y de toda la provincia de Puno, Javier Ponce.
Ponce asistió a una concentración que rubricó una marcha de comunidades quechua llegadas del campo a manifestar su solidaridad con las comunidades aimaras del sur de la región, frente a la versión oficial que culpa a los miembros de población autóctona de la reciente muerte de seis soldados ahogados cuando cruzaban un río.
Se sumó además a la demanda de que renuncie la jefa de Estado y haya elecciones de su reemplazante y de nuevos miembros del Congreso de la República, como salida a la crisis política agravada tras asumir Boluarte el cargo en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, el 7 de septiembre.
Los quechuas llegados a la ciudad de Puno recorrieron la ciudad y se detuvieron a protestar unos momentos ante la Villa Militar, donde viven el jefe de la Cuarta Brigada de Montaña de Puno, Manuel Alarcón, y la oficialidad que lo secunda.
Los visitantes apoyan a los indígenas aimaras de las ciudades de Juli e Ilave, a quienes consideran afectados en su honor por las acusaciones militares que culpan a los indígenas de haber atacado con pedradas a un grupo de soldados, obligándolos a cruzar un río.
La versión fue desmentida por el periodista Liubomir Fernández, único comunicador que cubrió el trágico incidente y que mostró videos y fotos, así como audios de sobrevivientes rescatados por la población que señalan que el jefe del grupo militar, capitán José Frisancho, los obligó a cruzar el río tomados de los brazos en cadena humana.
Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas insistió en un comunicado en la versión de que civiles violentistas atacaron a los militares, quienes pese a ello se abstuvieron de usar las armas, mientras también padres de las víctimas rechazaron la versión en el masivo homenaje que les tributó la población de Ilave.
El periodista Fernández escribió en el diario La República que las persistentes acusaciones oficiales contra los pobladores exacerban la ya tensa situación de Puno, que se mantiene en protesta desde hace más de tres meses y sufrió el mayor número de las 66 muertes registradas durante las protestas.
Entretanto, en Lima, hubo durante la semana marchas diarias antigubernamentales de centenares de limeños, puneños y de otras regiones, de apoyo a Puno, que fueron dispersadas por la Policía, en su mayoría ignoradas por la prensa, y hoy salieron a las calles militantes del progresista Movimiento Nuevo Perú y otras fuerzas.
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