La defensora de los derechos humanos señaló que, a pesar de la instalación de oficinas en varios espacios públicos, cientos de ciudadanos no pueden acceder a ellos, lo cual abre la vía a toda forma de explotación, extorsión y chantaje.
“Son víctimas de palizas y estafas por servicios a los que tienen derecho. Se han registrado incidentes lamentables, sobre todo en las oficinas de Pétion-Ville, Tabarre y Delmas. Se han documentado pérdidas de vidas humanas”, lamentó la entidad estatal.
Además, criticó el comportamiento de los agentes por su supuesta implicación en abusos y atropellos, mientras llamó a las autoridades en particular al ministro del Interior, director de la Policía, así como de Inmigración y Emigración a adoptar inmediatamente medidas que permitan acceder a los servicios en condiciones de respeto a la dignidad humana.
A inicios de enero el Gobierno de Estados Unidos anunció un programa de parole que otorgaría 30 mil entradas mensuales a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba para evitar la entrada ilegal por la frontera sur del país.
La medida desbordó la capacidad de procesamiento de documentos en Haití donde miles de personas se agolparon en las oficinas de migración para intentar adquirir los pasaportes.
La organización Nou ap Mache pou Lavi (Marchemos por la vida) denunció que niñas y jóvenes fueron abusadas sexualmente para obtener los pasaportes, mientras otros deben pagar hasta 100 mil gourdes (unos 620 dólares) por el documento.
La plataforma reveló que una amplia red formada por agentes de inmigración, policías y otros individuos roban a los ciudadanos que buscan obtener sus pasaportes desde que se anunció el programa de libertad condicional establecido por Washington.
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