La Sala Penal Permanente de la Corte aceptó el recurso contra el rechazo de una instancia judicial anterior a una cuestión previa que presentó para anular su vacancia y la investigación que le fue abierta por los delitos de rebelión o conspiración, por la que fue sometido a prisión preventiva.
La defensa de Castillo sostiene que la acusación y detención del expresidente se hicieron sin cumplir el procedimiento constitucional que establece un antejuicio político, derecho del que fue despojado por el Congreso alegando que había incurrido en delito flagrante al anunciar la disolución del Parlamento, sin que ello se haga efectivo. Posteriormente y tras un pedido del primer ministro, Alberto Otárola, de apurar otro procedimiento judicial contra el expresidente ante la posibilidad de que el primero se anule, el juez que monitorea la investigación dictaminó 36 meses de prisión para Castillo, por presunta corrupción.
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