Los tres son objeto de sendas acusaciones constitucionales como cómplices de Castillo en el presunto delito de rebelión o conspiración en agravio del Estado, aprobadas por una subcomisión congresal y la Comisión Permanente del Legislativo, cuya sesión será mañana.
La imputación será asumida por el pleno casi con seguridad, debido a que el Congreso està bajo control de una mayoría de extrema y centro-derecha, que hizo una dura oposición al Gobierno de Castillo desde su inicio.
La sesión congresal decidirá si despoja de su inmunidad a Betssy Chávez y a los exministros del Interior Willy Huerta y Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez.
La acusación está a acompañada de la recomendación de suspender a Chávez y Sánchez en sus funciones de congresistas, mientras son investigados por el Ministerio Público.
La imputación se basa en una denuncia presentada al Congreso por la controvertida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según el documento, la entonces primera ministra conoció previamente el mensaje televisivo de Castillo que anunciaba la disolución del Congreso y la reorganización de los organismos de justicia, lo cual quedó en palabras porque no lo secundaron las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional.
Juristas nacionales y extranjeros que defienden al expresidente argumentan que Castillo no puede ser acusado de rebelión, porque el Código Penal establece que para incurrir en ese delito es necesario que el acusado se haya alzado en armas en forma colectiva.
Alegan también que el exgobernante tampoco puede ser acusado de dar un golpe de Estado porque su anuncio televisado no se hizo efectivo.
Ante tal alegato, el primer ministro Alberto Otárola pidió públicamente al Congreso que apure el proceso parlamentario para acusar de presunta corrupción a Castillo, a fin de mantenerlo preso, si su defensa presentara un recurso y obtuviera su libertad, perdida en el marco de la investigación por rebelión.
Con celeridad poco usual, el Legislativo acusó al exmandatario y la Fiscalía pidió y obtuvo de un juez la extensión de la prisión preventiva de 18 meses (aplicada a Castillo tras su destitución parlamentaria y detención) a 36 meses.
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