Faltan recursos para poder garantizar los esquemas de seguridad de esas personas, alertó el jefe de ese órgano, Carlos Camargo, quien estimó importante atender aspectos como: las fallas de los carros que son constantes, demoras en el mantenimiento de los vehículos, entre otras.
No hay autos para sustituir a los existentes y cuando se requiere la reparación de los asignados, se producen retrasos en el sistema de pago de combustibles, abundó la autoridad.
“Ninguna situación de orden administrativo puede estar por encima del derecho a la vida“, acotó, y reclamó puntualmente al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección decisiones de manera prioritaria.
Ello en aras de garantizar que las medidas de protección permitan prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de las personas, enfatizó Camargo.
Denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de Colombia evidencian que en este momento aquellos ciudadanos con algún riesgo de seguridad se sienten desprotegidos.
En 2022 observamos una continuidad del conflicto armado con la reconfiguración de los actores y territorios más afectados como el sur de la nación y la frontera con Venezuela, expuso un informe reciente del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La entidad subrayó, en cambio, una disminución en los enfrentamientos con la fuerza pública, lo que significó cierto alivio para la población civil desde que fueron anunciados los ceses al fuego por el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre.
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