Por Luis Beatón
Corresponsal jefe de Prensa Latina en El Salvador
Así la valoró el cardenal Gregorio Rosa Chávez durante su visita a la cripta de la Catedral Metropolitana para rendir homenaje a Monseñor Arnulfo Romero, el único santo del país centroamericano, asesinado el 24 de marzo de 1980, un crimen atribuido a militares que aun disfrutan de impunidad.
Rosa Chávez, primer y único cardenal salvadoreño integrante del Concilio del Vaticano, exhortó a las autoridades a “buscar el diálogo para revertir los efectos negativos que ha generado el régimen de excepción en un sector de la población”.
Hoy cuando ese jefe religioso pregunta a algún salvadoreño porqué guarda silencio, y no protestan, susurran “El Régimen”, pues causa temor y miedo y evita que le apliquen medidas represivas, entre ellas cárcel hasta el juicio y probablemente, más cárcel.
De Monseñor Romero dijeron que su predicación no era pastoral, sino política. Pero preguntémonos, ¿en qué país vivimos nosotros ahora? Estoy seguro que muchos otros pastores y personas sienten lo mismo que yo, sentimos tristeza, vergüenza, impotencia y sentido de culpa, dijo el cardenal ante la escasa y limitada acción de la iglesia sobre la medida gubernamental.
“Sentimos culpa porque muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia. Parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios”, agregó.
Nuestras voces son ignoradas, al igual que las de los grupos sociales que intentaron aportar lo mejor para el país, juzgó Rosa.
Yo me atrevo a dirigir a los que están en puestos de decisión y tienen un conflicto de conciencia. ¿Cómo pueden dormir tranquilos viendo que la excepción se convirtió en regla, es decir en lo normal?, preguntó.
¿Cómo pueden aceptar como normal que los sufrimientos no se puedan expresar públicamente ni pacíficamente? ¿Cómo pueden ver normal que todos los canales de diálogo están cerrados?”, agregó, para confirmar los temores de muchos a eso que expresan en dos palabras, “El Régimen”.
Pese a que logró beneficios en términos de seguridad, con un descenso y promedio diario de homicidios de 0.6 por cada 100 mil personas, algo de lo que blasona el gobierno, la medida que arropa en su efectividad al Plan de Control Territorial (PCT), tiene muchos detractores a un año de estar vigente.
La polémica ley es denunciada por violar de derechos humanos, pero parece ser la solución al histórico y complejo problema de las maras, grupos que aterrorizaban a la población. Según los sondeos más del 90 por ciento de la población la apoya.
Aprobada el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana con saldo de 87 asesinatos y prorrogada en 12 ocasiones por un período de 30 días, buena parte de la población aprueba la normativa y mantiene elevados los niveles de aceptación y respaldo de la ciudadanía al presidente Nayib Bukele, según las encuestas.
Pero “El Régimen” también llevó tras las rejas a miles de personas inocentes y de un total de unos 66 mil, cuatro mil 500 recuperaron la libertad, aunque algunas fuentes que pidieron el anonimato aseguran que un 40 por ciento de los detenidos son inocentes.
Eso desencadenó innumerables denuncias y condenas contra el gobierno de Bukele por presuntas violaciones de los derechos humanos.
Por otra parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Ludop), encontró que la mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción no resolverá el problema de las pandillas, aunque el 75,9 por ciento de la población la respalda.
Los detractores de la medida consideran que derivó en más de 66 mil detenciones, incluidos cientos de niños y niñas, principalmente de comunidades de bajos ingresos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que documentaron una gran cantidad de violaciones como detenciones arbitrarias masivas, desaparición forzada, torturas y otros maltratos y graves transgresiones del debido proceso.
Miles de salvadoreños sin conexiones con las pandillas fueron detenidos en operaciones de las fuerzas de seguridad, algunos dicen que 40 por ciento de los arrestados, y más de 120 personas murieron bajo custodia policial, en circunstancias no investigadas adecuadamente.
Aunque se construyó una cárcel para los reos, eso parece no resolverá el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y la falta de atención médica, pues según estudios, entre ellos uno del diario británico Financial Times, cada reo tendrá solo 0.60 m cuadrados en el recién inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Es innegable que “El Régimen” se encuentra ahora en el centro de la política al cumplirse hoy un año de vigencia de la ley de excepción, en principio vista como una medida de corto plazo que se extiende y no hay señales sobre cuándo terminará, “hasta que vaya a prisión el último pandillero”, alegan miembros del Gabinete de Seguridad de Bukele.
Sin embargo, ni ellos pueden ofrecer precisiones coincidentes sobre la cifra, algunos dicen que son 76 mil, mientras otros, incluso, hablan de 118 mil integrantes de las llamadas maras.
Ahora son muchos los que opinan que los grupos considerados terroristas por la ley, no volverán a verse.
El resultado es tangible, la reducción de los homicidios durante la implementación de la medida de excepción, con solo 496 muertes al cierre de 2022 y una baja sustantiva en las extorsiones, son evidencias del éxito.
Sin dudas la seguridad de la población, como se aprecia hoy con todos sus defectos y las criticas, es la principal carta electoral para la reelección del gobernante.
No obstante, el régimen de excepción también es valorado como carta blanca para que el gobierno trate de eliminar a la oposición aunque también, subrayan expertos, pudiera ser embrión de una revuelta masiva contra el Estado.
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