Entre ellos se encuentran infracciones como el crimen organizado, sexuales contra menores de edad, homicidios, delitos contra propiedad en los que medio la fuerza o armas de fuego, entre los más significativos.
El proyecto 23.986, Ley para garantizar la prisión preventiva en los delitos de peligro social recibió el dictamen luego de un trabajo de revisión en el que también se incorporaron recomendaciones externas, incluidas algunas de las inquietudes del Gobierno en la agenda de seguridad.
La propuesta reforma el artículo 239 del Código Procesal Penal, en las que se regula la prisión preventiva, indica que puede dictarse cuando exista peligro para la víctima, persona denunciante, testigo y la comunidad.
También cuando se encuentren en riesgo, según valoración de las circunstancias de los hechos realizada por el juez, y en el marco de investigaciones contra la violencia a mujeres.
Otras causales para su aplicación es que la persona fuera detenida en flagrancia en delitos contra la vida, sexuales, contra la propiedad siempre que medio la violencia, drogas y legitimación de capitales.
Este nuevo proyecto de ley figura entre las 10 iniciativas de consenso que acordaron los poderes de la República para combatir la crisis de criminalidad que vive el país, que en 2023 cobró la vida a 907 personas, y más de 90 en lo que va en 2024.
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