El primer ministro, Alberto Otárola, dijo que “El Gobierno es respetuoso de las decisiones que tome el Congreso y confiamos que la representación nacional mandará al archivo tan absurdo pedido”, que atribuyó a lo que llamó “la derrotada mafia del (expresidente) Pedro Castillo”.
El titular de Justicia, José Tello, declaró a su vez que los integrantes del Consejo de Ministros y que, en todo el paso, los integrantes del gabinete y la mandataria Boluarte están en disposición de responder lo que pregunten los congresistas.
La vacancia fue presentada en enero pasado y señala que la jefa de Estado debe dejar el cargo por ser responsable de cerca de 70 muertes registradas en el marco de protestas sociales.
Las demostraciones, realizadas principalmente en el sur del país, estallaron contra su ascenso a la presidencia como sucesora constitucional tras la destitución y prisión de Castillo, el 7 de diciembre último y analista políticos y sociales consideran que permanecen latentes.
Voceros de los partidos de derecha que controlan el Congreso con aliados de centro, coalición que apoya al Gobierno, han adelantado su rechazo a la vacancia y uno de sus exponentes, la legisladora Maricarmen Alva, dijo que “Entiendo que es por las ‘matanzas’ y yo creo que no amerita una vacancia por ese tema”.
El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, se declaró escéptico sobre la admisión a debate de la moción de interpelación, cuyo debate culminará con una votación en la cual la aprobación requiere de 40 por ciento de los 130 congresistas (52).
El legislador Jaime Quito, de la misma bancada, dijo que la suerte de Boluarte depende de la derecha, pues los votos progresistas suman algo más de 40.
“Vamos a votar por la justicia para las víctimas y la derecha votará, como siempre, en función de sus intereses”, señaló Quito y añadió que si ese sector político votará por debatir la moción y por la vacancia, si Boluarte ya no le es útil para sus objetivos.
La moción de las bancadas progresistas y plantea que, siendo la presidenta Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es el máximo responsable de los crímenes y las violaciones de Derechos Humanos en la represión de las protestas.
La jefa de Estado mantiene un bajo nivel de aprobación de solo 15 por ciento y una desaprobación de 78 por ciento, aunque peor aun está el Legislativo, con una aprobación de seis por ciento y un rechazo de 91 por ciento.
jcm/mrs
