La vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, precisó que así lo establece el procedimiento parlamentario, por lo cual el pase al debate será votado el martes o miércoles en un pleno que se convocará para el efecto.
La moción, presentada por las bancadas progresistas, plantea que Boluarte sea destituida por la genérica causal de permanente incapacidad moral, debido a su responsabilidad en las muertes de la primera oleada de protestas sociales en su contra.
El tema está congelado desde su presentación, en febrero pasado, lo cual ha motivado reiterados reclamos de congresistas de izquierda que invocan la gravedad de las consecuencias de la represión a las protestas desatadas tras la destitución y prisión del entonces presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.
Desde entonces se han producido 67 muertes durante las protestas, 49 manifestantes, un policía y seis militares, así como 11 civiles por accidentes de tránsito y circunstancias ligadas a las demostraciones en demande de la renuncia de Boluarte.
El primer ministro, Alberto Otárola, declaró esta semana que “el Gobierno es respetuoso de las decisiones que tome el Congreso y confiamos que mandará al archivo tan absurdo pedido”, que atribuyó a lo que llamó “la derrotada mafia de Pedro Castillo”.
El titular de Justicia, José Tello, declaró a su vez que los integrantes del Consejo de Ministros están en disposición de responder lo que pregunten los congresistas.
Por su parte, el congresista de izquierda Flavio Cruz dijo que es muy difícil que se logre el 40 por ciento de votos (52) del total de congresistas, necesarios para que la moción de vacancia sea debatida por el pleno y los autores puedan fundamentar la extrema medida.
Su colega Jaime Quito opinó que el voto de las bancadas de derecha y sus aliados de centro, que tienen mayoría y apoyan al Gobierno, está siempre en función de los intereses que defienden, si a estos no sirve Boluarte, puede votar por la admisión a debate.
Fuentes parlamentarias plantearon la posibilidad de que esa mayoría vote por dar luz verde inicial a la moción para recordar a la presidenta que necesita esa mayoría para mantenerse en el cargo.
La mandataria tiene una baja posición en las encuestas y la más reciente, del Instituto de Estudios Peruanos, le adjudicó el 15 por ciento de aprobación y 78 por ciento de desaprobación.
Enfrenta por otra parte denuncias de financiamiento irregular electoral a su favor que el Ministerio Público investiga, lo que ha negado en declaraciones en las cuales, según diversos medios de prensa, ha caído en contradicciones.
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