“De ninguna forma voy a aceptar que me digan que me he rebelado al Estado peruano y que me he alzado en armas, cuando eso no es cierto”, dijo, en referencia a que el Código Penal establece que el delito de rebelión se comete por alzarse colectivamente en armas.
Chávez es investigada como presunta cómplice del principal investigado, el expresidente Pedro Castillo, quien habría incurrido en el citado delito al anunciar, el 7 de diciembre, la disolución del Congreso (parlamento) y la reorganización en los organismos judiciales.
El argumento de la ex primera ministra es compartido por juristas peruanos y extranjeros que consideran además que el simple anuncio de las citadas medidas no puede ser considerado un acto de rebelión, ya que este solo puede darse con el uso de armas.
Las pesquisas incluyen también a otro ex primer ministro, Aníbal Torres, y a los extitulares del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, como presuntos coautores.
Tras anunciar la disolución del Congreso, no se hizo efectivo por negativa de las Fuerzas Armadas y la Policía, y Castillo fue destituido por el Parlamento y encarcelado.
Tal desenlace generó grandes protestas sociales que se prolongaron por más de dos meses con un saldo de cerca de 70 muertos y pocos apuestan por su total extinción.
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