Los señalamientos provienen de familiares de los cerca de 70 muertos y cientos de heridos en las operaciones policiales contra las protestas, así como de juristas y organizaciones humanitarias.
Las denuncias rechazan la decisión del Ministerio Público de cambiar una vez más a los fiscales encargados de investigar la pérdida de vidas en las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de ampliar por 120 días las pesquisas sobre la ocupación de a Universidad Mayor de San Marcos.
Dirigentes de las asociaciones de familiares de víctimas y heridos de las regiones de Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac y otras, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), manifestaron su oposición a la creación de un nuevo equipo especial de fiscales que investigue los casos pendientes.
Los representantes de Puno señalaron que la medida ha causado la suspensión de las pesquisas y conlleva el traslado a Lima de los expedientes de la investigación, a donde muchos de los familiares, por su condición de pobreza, no podrán viajar.
Los cambios de fiscales son actos dilatorios en la investigación y hasta ahora la Fiscalía de la Nación se está actuando de manera absolutamente irresponsable, dijo Laydi Quispe, representante de las familias de occisos y afectados de la ciudad puneña de Juliaca.
El abogado de las familias afectadas, Carlos Rivera, señaló que es el cuarta cambio de fiscales y dijo que la jefa del nuevo equipo, Marena Mendoza, no es especialista en casos de derechos humanos y que en el grupo haya solo un entendido en el tema.
Añadió que esas decisiones evidencian la intención de que no avancen las investigaciones y que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides “es funcional al discurso político que intenta evitar que se determinen las responsabilidades de carácter criminal de las graves violaciones de derechos humanos cometidos”.
De otro lado, la dirigente de la CNDDH Mar Pérez criticó el hecho de que el allanamiento de la Universidad de San Marcos, en enero próximo, se investigado por usurpación y daños, es decir que los indagados son las víctimas y no los autores de la operación policial que causó repudio local e internacional.
El abogado Juan José Quispe señaló que la ampliación de la investigación por 120 días, que abarca a los cientos de estudiantes y manifestantes provincianos desalojados del campus, donde estaban alojados, es una decisión política, pues ni siquiera hay presuntos autores individualizados.
“Mas bien se debería investigar a los policías que ingresaron de manera brutal, inadecuada y violando sus propios reglamentos”, aseveró.
mrs
