La Asociación Interétnica de la Amazonía peruana y dos de sus bases regionales directamente afectadas condenaron y rechazaron el elogio a la empresa difundido en Twitter y recibieron el apoyo de importantes organizaciones.
“¿Sabías que la empresa más grande de Ucayali (región selvática) es estadounidense? Ocho Sur lidera la oferta de empleo en la región con prácticas agrícolas sostenibles y sin deforestar. Estoy orgullosa de estos enlaces que benefician a nuestros pueblos”, sostuvo en su mensaje.
Las comunidades amazónicas, replicaron preguntando a la representante de la Casa Blanca si se siente orgullosa de respaldar la plantación de palma aceitera de Ocho Sur, en la región centro-selvática de Ucayali, que trabaja “en la más completa ilegalidad y se burla de las normas forestales y ambientales”.
En su respuesta, señalaron que la empresa norteamericana ha depredado siete mil hectáreas de selva virgen, propiedad ancestral de la Comunidad Nativa Santa de Uchunya, que lucha en los tribunales contra Ocho Sur por recuperar sus territorios usurpados.
Contrastaron también una declaración que ella firmó en una reciente visita a Pucallpa, capital de la región de Ucayali, de defensa de los bosques, con su mensaje que alaba “la deforestación y violación de los derechos de los pueblos indígenas.
Además, señalaron que la empresa Ocho Sur afecta la subsistencia de los nativos al mermar su fuente de caza y pesca debido a que la plantación de palma, al empobrecer el suelo y afectar las aguas.
También divide a la comunidad con sobornos y amenaza a los líderes comunales y financia medios de comunicación de Ucayali para desacreditar a los dirigentes de la comunidad, señaló el pronunciamiento de las organizaciones no gubernamentales.
La declaración de las ONG su suma a la exigencia de retractación y disculpas de la embajadora norteamericana y el retiro del mensaje de Twitter cuestionado.
Entre las organizaciones firmanes figuran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Environmental Investigation Agency (Agencia de Investigación Ambiental), Center for International Environmental Law (Centro para el Derecho Internacional) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Esas y otras entidades señalaron que la Contraloría General, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público y las Fiscalías Especializadas en el Perú, entre otras instancias estatales, han investigado las irregularidades cometidas por Ocho Sur.
Añade que la embajadora Kenna lanzó su mensaje pese a que los dirigentes amazónicos le informaron detalladamente de la situación pero, “una vez más, ha demostrado un nulo compromiso con los derechos humanos, en particular con los de los pueblos indígenas”.
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