El texto crea el concepto de “legítima defensa privilegiada” que otorga ventajas procesales a carabineros, investigadores o miembros de las fuerzas armadas cuando disparen si –a su juicio- su vida e integridad física o la de terceros están en peligro.
Diversas organizaciones, entre ellas el sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, advirtieron que esa norma propicia un nivel de impunidad muy alto y crea un escenario en el cual las víctimas de violaciones a sus garantías queden sin justicia.
Recuerdan, además, el accionar del Cuerpo de Carabineros durante el estallido social de 2019, cuando murieron numerosas personas, cientos sufrieron heridas graves con secuelas permanentes, como la pérdida de la visión, y miles fueron detenidas de manera arbitraria.
La polémica iniciativa, ahora convertida en ley, fue discutida y aprobada en tiempo récord en las cámaras de senadores y diputados tras la muerte en servicio de la suboficial Rita Olivares.
Cuando ya estaba en el Ejecutivo, otro carabinero, el cabo Daniel Palma, fue asesinado de dos disparos en el rostro lo que motivó su rápida promulgación antes, inclusive, de que se enviaran al Tribunal Constitucional varios reparos sobre su contenido.
Junto con la Naín-Retamal también cobraron vigencia varias modificaciones al Código Penal para incrementar las penas por los casos de secuestro, así como la creación del delito de extorsión.
Esta semana senadores y diputados deben discutir otras normas vinculadas al tema de la seguridad, entre ellas una para perseguir y sancionar el sicariato.
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