El equipo subordinado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales del Legislativo intenta dejar listo ese proyecto que auspicia el Ministerio de Seguridad (Minseg) en particular su titular, Juan Manuel Pino.
En su última sesión, la mesa debatió y logró consenso sobre los delitos de lesa humanidad, como trata de personas, secuestro y cualquier irregularidad que atente contra la integridad de una persona, y aprobó implementar el principio de retrospectiva en las investigaciones.
El asesor legal del Minseg, Jonathan Riggs, indicó además que dentro de la propuesta también respaldada por la Fiscalía y el Órgano Judicial, se pudo establecer un catálogo de delitos.
Por su parte, la diputada Corina Cano, presidenta y coordinadora de la mesa técnica, precisó que la discusión de este proyecto se retomará a partir de la necesidad o no de una jurisdicción nueva para atender estos procesos. Antes, el propio Pino dijo a la prensa que- de sancionarse la norma- el 80 por ciento de lo incautado será para obras sociales, de ahí la importancia de la existencia del instrumento jurídico para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros delitos asociados al crimen organizado.
La ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, presentada en 2021, ha encontrado no pocos tropiezos en su aprobación por la Asamblea Nacional de Panamá.
En enero de este año las contradicciones entre el Gobierno y el parlamento en el istmo se agudizaron en torno a la iniciativa.
“No somos partidarios de aceptar la aspirina que usan otros pueblos para remediar sus enfermedades. Nosotros somos partidarios de fabricar nuestra propia aspirina con sabor a lo nuestro, típicamente nacional”, dijo entonces el titular del parlamento, Crispiano Adames, quien ahora la respalda.
Incluso Pino llegó a señalar que de retirarse la ley, significaría un tiempo más para su elaboración y estarían contra reloj debido a que esta administración termina en junio de 2024.
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