“El juez señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 18 de abril (…) nos vamos a adherir a la solicitud del Ministerio Público y vamos a pedir la detención preventiva por el plazo de 180 días”, afirmó el abogado Marcelo Aliaga.
Sostuvo el jurista en representación del diputado Hernán Hinojosa que, según las investigaciones, la compra del motorizado fue irregular y sólo cuando se hizo la denuncia penal la parte imputada activó las gestiones para que el carro llegara a territorio nacional.
Asimismo, explicó que, pese a que ahora la Gobernación pretenda hacer una disolución de contrato con la empresa, la “conducta que tuvieron debe ser sancionada”.
Una denuncia del diputado Rolando Cuellar activó este expediente, en el cual se reveló que la Gubernatura contrató la compra del vehículo el 28 de enero de 2022, que la entrega estaba prevista para el 27 de junio, sin embargo, hasta agosto no se concretó esa operación.
Por estos hechos Camacho es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
De acuerdo con la parte acusatoria, presuntamente hubo una contratación irregular, porque el motorizado fue comprado por invitación directa y no mediante licitación pública.
La fiscalía demandó que, mientras avanzan las pesquisas, Camacho permanezca detenido preventivamente por seis meses en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, donde actualmente guarda reclusión cautelar por 120 días como uno de los principales acusados en el caso Golpe de Estado I.
En este expediente se investiga el complot que forzó en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertes, cientos de heridos y miles de apresados y torturados ilegalmente.
mgt/jpm
