La Sala Penal de la Corte declaró infundada la apelación contra la decisión similar de una instancia previa y ratificó así la indagación contra el exgobernante, por rebelión y alternativamente por conspiración y abuso de autoridad por tanto la prisión preventiva a la que está sometido.
Castillo está preso desde unas horas después de que, el 7 de diciembre último, anunció la disolución del Parlamento y otras medidas que no fueron apoyadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, que más bien cerraron filas con el Legislativo y su decisión de destituir al hasta entonces mandatario.
La defensa del exmandatario argumenta que el Congreso no cumplió con el procedimiento establecido por la constitución para despojar de su inmunidad a Castillo, vacarlo (destituirlo) y validar su detención.
El Legislativo, de mayoría adversa a su gobierno, alegó que el mandatario fue detenido en flagrancia, cuando se fugaba rumbo a la embajada de México, situación no prevista por la carta magna, por lo que no era obligatorio aplicar el procedimiento legal.
Al respecto, Castillo ha negado que huyera y que solo llevaba a su esposa e hijos a la citada misión diplomática para protegerlos del acoso político opositor, lo que avaló la Corte Suprema. Días después, su familia viajó asilada al citado país.
Sobre la acusación de rebelión, sus abogados peruanos y extranjero coinciden en señalar que no procede porque el Código Penal tipifica ese delito como alzamiento colectivo en armas, lo cual no hizo Castillo.
Entretanto, la Fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos pidió prisión preventiva por 18 meses para la ex primera ministra, Betssy Chávez, y los ex titulares del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez.
Los tres son indagados como presuntos coautores de los delitos por los que es investigado Castillo, debido a que estaban en el Palacio de Gobierno cuando el entonces mandatario lanzó el mensaje televisivo de disolución del Parlamento, lo que quedó en intento.
Chávez, Huerta y Sánchez argumentan que no participaron en los planes de Castillo ni en la preparación del mensaje de disolución del Congreso, cuyo contenido conocieron, afirman, solo cuando el mandatario lo lanzó por televisión.
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