La estrategia interdisciplinaria fue oficializada la víspera en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental) a la que asistió Prensa Latina.
Participaron los ministros de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; de Defensa, Edmundo Novillo; el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otras autoridades gubernamentales.
Molina afirmó que esta política implica una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta de combustibles al consumidor final, y de este modo llegar hasta economizar al Estado aproximadamente mil millones de dólares.
“Este primer paquete de medidas tiene como objetivo el ahorro de alrededor de 250 millones de dólares que cada año se destinan a distintas actividades ilícitas (…) como el contrabando, la fuga de combustibles, que sale de nuestro país y que está desangrando la economía de los bolivianos”, sostuvo.
Aclaró que estas acciones no afectan de ninguna manera a los ciudadanos ni a ninguna actividad lícita, por el contrario, garantizará el abastecimiento, precio y calidad del servicio de venta de combustibles en el territorio nacional.
Desde el sector energético, explicó, la política se implementa mediante dos brazos operativos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías: el control en la venta de combustibles en las fronteras y en el mercado interno por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Por otra parte, YPFB se ocupa de la planificación en inversiones para exploración y explotación de hidrocarburos líquidos, además de la optimización de costos en la importación de combustibles y la sustitución de diésel fósil por biodiésel y HVO (aceite vegetal hidrotratado) para garantizar el suministro de carburantes.
Para corregir la fuga de combustibles al mercado negro y su venta al narcotráfico, la minería ilegal y otras ilícitas, el presidente, Luis Arce, decidió establecer severos mecanismos de control en todo el territorio nacional mediante la promulgación del Decreto Supremo 4910 y 4911.
Con estas normativas se intensifican los controles en las estaciones de servicio con límites de venta de combustibles fuera de tanque o en bidones con la intención de velar que son subvencionados con los impuestos pagados por todos los bolivianos, concluyó Molina.
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