“Están focalizados en 12 municipios: Cobija, Copacabana, Yacuiba, Tambo Quemado, Puerto Suarez, Guayaramerín, Desaguadero, Pisiga, Villazón, Bermejo, San Matías y Piso Firme (en San Ignacio)”, afirmó el titular en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental), a la que asistió Prensa Latina.
Novillo explicó que como parte de un paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno para luchar contra este ilícito, las Fuerzas Armadas movilizarán a 170 efectivos que trabajarán junto con los inspectores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Sostuvo que el objetivo es “controlar en estos puntos de manera drástica y objetiva en la lucha contra el contrabando de combustible”.
Describió Novillo que este contingente estará conformado por 34 oficiales instructores de mando en cada municipio y 136 efectivos procedentes de personal de tropas.
Agregó que, asimismo, se realizará patrullaje terrestre, fluvial e incluso aéreo en caso de necesidad, en todas las zonas fronterizas.
“La Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada van a controlar en todo el territorio nacional fronterizo, es decir en el lado Este, Oeste, Norte y Sur, mediante las unidades militares que se encuentran acantonadas y cercanas, estas unidades van a desplazar patrullajes constantes y permanentes”, insistió el titular.
Comentó que en esta tarea interinstitucional también participará la Policía Boliviana para realizar controles en todo el Estado Plurinacional.
Aclaró Novillo que se garantizará la provisión de combustibles para los transportistas, los sectores productivos e industriales y que solo se afectará a quienes desvían el carburante para actividades ilícitas como contrabando, narcotráfico, minería ilegal u otras.
“El Plan se pone en operación para dar cumplimiento a los decretos supremos 4910–4911”, expresó en referencia al sustento legal de este conjunto de medidas.
Subrayó que estas misiones implican un alto riesgo, son peligrosas para los miembros de las Fuerzas Armadas, de quienes dijo están conscientes de que esta labor es fundamental para la defensa de la economía del pueblo boliviano y del Estado.
Durante la conferencia de prensa, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, estimó que el conjunto de acciones puesto en práctica desde este viernes aportará un ahorro para Bolivia de hasta mil millones de dólares anuales.
«El objetivo de esta Política de Control y Lucha Contra el Contrabando es garantizar la transparencia, luchar contra la corrupción y el contrabando, y resguardar nuestra seguridad energética», concluyó Molina.
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