El magistrado de la Corte Superior de Lima, Andrés Tapia, votó a favor de la admisión del recurso contra el fallo de una instancia menor que desestimó tratarlo para su debate, apelación que requería de los votos de los tres integrantes de la corte.
Los jueces Luciano Cueva y Oswaldo Ordóñez votaron contra el recurso presentado por la Federación de Abogados de Perú, mientras Tapia se manifestó sorpresivamente a favor, sin que se conozcan los fundamentos de ninguno de los tres.
Un tabloide contrario al exmandatario encarcelado, afirmó que el discrepante “se puso del lado de Castillo” y el abogado de derecha extrema Enrique Ghersi sostuvo que los argumentos de Tapia serían políticos y añadió que el juez no consideró fallos previos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional contra el exgobernante.
“Esta maniobra judicial pretendería un regreso, por la puerta falsa, de Castillo al poder”, agregó Ghersi, participante activo en una campaña por la destitución del mandatario, quien propició esa medida al anunciar la disolución del Parlamento, el 7 de diciembre, tras lo cual fue apresado.
El jurista conservador Mario Amoretti acusó al juez Tapia de sostener con su voto que el expresidente “se encuentra injustamente detenido, cosa que no es cierta”.
Para Amoretti, “Los jueces que opinan de esa manera deberían ser sometidos a una investigación por la Junta Nacional de Justicia y por la Oficina de Control de la Magistratura”.
Más vehementes fueron los parlamentarios derechistas Jorge Montoya y Alejandro Aguinaga, según los cuales, Tapia debería ser detenido y juzgado.
Montoya sostuvo que el juez discrepante aplicó criterios “con claro sesgo político o se ha equivocado de la linea ideologica a seguir y si está al otro lado de la linea, debe ser detenido y procesado”.
“Un juez como ese (Tapia) no debe administrar justicia, debería estar en una cárcel”.
La apelación de la Federación de Abogados volverá a tratarse el lunes con la participación de un nuevo juez y si este votara contra el hábeas corpus, este será rechazado, pero si se suma a Tapia, se llamará a otro magistrado cuyo voto definiría la decisión.
Los abogados y seguidores de Castillo argumentan que fue despojado de su inmunidad, destituido y sometido a prisión preventiva por 18 meses, acusado de rebelión, sin aplicarse el procedimiento constitucional establecido para ello, por lo que esas medidas deben anularse.
oda/mrs
