El defensor del Estado argumentó que el exgobernante cometió presuntamente ese delito en agravio del Estado, al haber beneficiado a los proveedores de la vacuna china Sinopharm contra la Covid-19.
Sostuvo que Vizcarra ofreció comprar la vacuna a cambio de beneficiarse con la aplicación anticipada del fármaco a él y su familia.
El procurador pidió incluir en el nuevo cargo a las extitulares de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y de Salud, Pilar Mazzeti.
Las dos exministras y otros funcionarios son investigados actualmente por los posibles delitos de tráfico de influencias, colusión y cohecho simple, por haber recibido la citada vacuna cuando era un proyecto y aplicada experimentalmente a voluntarios, entre los que fueron incluidos.
En su defensa, Vizcarra alega que solo se le administró un fármaco que, al no haberse probado en Perú, no tenía certificación como vacuna.
El caso estalló en febrero de 2021, cuando gobernaba Francisco Sagasti, al revelarse que 487 funcionarios y allegados a quienes manejaban la prueba recibieron una dosis del producto.
Posteriormente, el Parlamento lo procesó por la vacunación irregular y inhabilitó a Vizcarra por 10 años para el ejercicio de funciones en el aparato estatal, por lo cual no pudo asumir como congresista elegido en los comicios generales de 2021.
Francisco Sagasti (2020-2021) reemplazó a Vizcarra en noviembre de 2020, cuando este fue vacado (destituido) por el Parlamento por ser acusado de cobrar un soborno de cientos de miles de dólares a cambio de un contrato para la construcción de un hospital en la sureña región de Moquegua, cuando fue gobernador allí, años antes de ser presidente.
La culpa de Vizcarra en ese caso aún no ha sido probada en los tribunales y recientemente él afirmó que la imputación se estaba desbaratando y aseguró que saldrá indemne del proceso.
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