“Los suscritos fiscales (…) imputan formalmente a: Jeanine Áñez Chávez por la comisión del delito de asesinato con relación a las 10 personas fallecidas, (…) y asesinato en grado de tentativa con relación a los 90 heridos.
Así como el delito de genocidio previsto en el artículo 138 del Código Penal, calificación provisional en calidad de autor de los hechos”, sostienen los representantes del Ministerio Público en el departamento central de Cochabamba.
Según la Fiscalía, en noviembre de 2019 se “consolidó” una estructura de poder orientada a ejercer una represión violenta, a sabiendas de que esto causaría la muerte de personas y lesiones en otras, ante protestas que demandaban en Sacaba respeto a su derecho al voto, a la wiphala y a la mujer de pollera.
Añaden los fiscales que Áñez en complicidad con los exministros de Gobierno Arturo Murillo, y Defensa, Fernando López, emitió el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la muerte), que exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento del orden constitucional.
Junto a ambos titulares, la exgobernante de facto coordinó las operaciones conjuntas para arremeter contra los movilizados, según el Ministerio Público.
Esas acciones “determinaban implícitamente el uso de armas de fuego, puesto que exoneraba de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas”, reitera la Fiscalía.
Advierte el Ministerio Público que se trata de un caso de “relevancia social”, que requiere una atención prioritaria en el sentido de que se enfrente con celeridad desde el punto de vista de fijar fecha y hora para la audiencia cautelar en la cual se demandará formalmente que la imputada sea detenida preventivamente por seis meses en la cárcel de Miraflores.
La exgobernante cumple en ese penal una sentencia en primera instancia de 10 años por el caso Golpe de Estado II, juicio que analizó la vía inconstitucional que utilizó para colocarse a la cabeza del Senado y posteriormente del Estado.
En el expediente Golpe de Estado I, Áñez está imputada por las masacres de Senkata, en El Alto, y la de Sacaba, en Cochabamba, con saldo de cerca de 40 muertes, cientos de heridos y miles de encarcelados y torturados.
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