El caso se conoció por denuncias de los afectados que dieron lugar a lentas investigaciones de la comisión de Ética del Legislativo, así como de la Fiscalía, esta por delitos como abuso de autoridad y apropiación ilícita.
Las denunciadas son María Cordero, Rosío Torres, Magaly Ruiz, Heidy Ruiz y Katy Ugarte, quienes por separado alegan inocencia y, pese a la gravedad de las denuncias, siguen ocupando sus escaños en un Congreso en manos de una mayoría conformada por bancadas de extrema derecha y centro-derecha.
Las acusaciones indican en algunos casos que la expoliación se pactó antes de la contratación, y en otros que el recorte de sueldo en beneficio de la jefa fue impuesto sin acuerdo o advertencia previa.
El caso más notorio es el de la congresista María Cordero, a quien las víctimas grabaron cuando, en tono imperativo, exige que se le entregue 75 por ciento del salario mensual.
La prensa difundió algunos de los audios, en los que Cordero argumenta que tiene que pagar las deudas contraídas para aportar fuertes sumas a la campaña electoral presidencial de 2021 de Keiko Fujimori (próxima a ser juzgada por lavado de activos y otros cargos), jefa del partido Fuerza Popular, agrupación que negó las afirmaciones y anunció un proceso de expulsión de Cordero.
En uno de esos audios, la congresista dice en forma imperativa “¡Vamos al cajero!”, obligando a su interlocutor a ir juntos al cajero automático a que retire el dinero requerido y la frase tiende a convertirse en símbolo de esa forma de corrupción..
Dirigentes de FP proclamaron su repudio a Cordero y hasta pidieron perdón a la ciudadanía por el error de llevarla al Congreso por fallas en la selección de postulantes.
Un diario local calificó como “lavada de manos” los deslindes fujimoristas y medios de prensa y tuiteros recordaron que Cordero no era una desconocida para FP.
Según una televisora, desde hace años hasta el presente mes de abril, la congresista ha sido visitante frecuente del encarcelado padre de Keiko Fujimori y mentor del partido, Alberto Fujimori.
Las versiones indican que por ese vínculo que Cordero fue incluida en posición expectante, en la lista de candidatos al Parlamento en 2011, cuando fue elegida por primera vez congresista, y como tal fue denunciada por trabajadores a su mando, de despojarlos de parte de su salario.
Pese a ese antecedente, la legisladora volvió a ser postulada por FP en los comicios de 2021 y fue elegida para su actual mandato, por lo cual los críticos del fujimorismo sostienen que los esfuerzos de este por deslindar de Cordero carecen de sustento.
Los casos recientes no son los primeros, pues en anteriores quinquenios parlamentarios hubo otros casos de exacciones similares cuyos autores aprovecharon el poder de designar al menos siete funcionarios para su servicio exclusivo.
El despojo no puede tener como pretexto la necesidad de ingresos de las congresistas, pues, según un informe del diario La República, cada legislador gana el equivalente aproximado de siete mil dólares por mes, mucho más que el sueldo mínimo mensual, de 263 dólares.
Hasta hace unas décadas, existía la práctica de que los parlamentarios aportaban a sus partidos cinco o 10 por ciento de sus salarios, lo que solo mantienen algunas bancadas, y se ha convertido en lo que muchos llaman vulgar chantaje.
El nuevo escándalo congresal coincidió con los resultados de una encuesta de la empresa privada Ipsos, según los cuales el Congreso de la República es desaprobado por 84 por ciento de los encuestados y cuenta con la anuencia de solo 10 por ciento.
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