Debido a la relevancia del tema, el diario Jornal de Angola colocó la noticia en primera plana de su edición impresa y adjudicó los datos a la Comisión Nacional de Protección Civil, cuyos integrantes evaluaron ayer la necesidad de intensificar las labores de socorro en diferentes provincias.
Las estadísticas responden a la actual temporada lluviosa iniciada en agosto de 2022, pero que ganó prominencia en días recientes tras intensos aguaceros, con saldo de varios muertos y heridos, inundaciones y pérdidas materiales.
Según la fuente, la Comisión Nacional de Protección Civil evaluó lo ocurrido desde el 21 de agosto de 2022 hasta al 21 de abril de 2023, y decidió reforzar el auxilio en alojamiento, comida, vestuario, kits de primera necesidad, suministros de electricidad y agua potable.
El plan operativo contempla también la provisión inmediata de servicios de salud básicos y universales, movimientos de tierra para restablecer la libre circulación de personas y bienes en las comunidades, tareas inherentes al orden público y asesoría técnica a fin de prevenir daños humanos y materiales durante la presente etapa lluviosa, que se extenderá hasta el próximo mes de mayo.
Los especialistas consideraron, además, la demanda de recursos con vistas a la reparación de perjuicios físicos, sociales y económicos, incluyendo la limpieza y remoción de escombros.
De acuerdo con el portavoz de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Protección Civil, Manuel Lutango, el Plan de Emergencia servirá para consolidar la ayuda a los damnificados por el temporal.
El ministro de Estado y jefe de la Casa Militar del presidente de la República, Francisco Furtado, participó en el análisis, que fue dirigido por la secretaria de Estado para el Área Social, Dalva Ringote, y contó con la presencia de varios titulares de organismos de la Administración central.
Las cifras del Ejecutivo corroboraron un saldo de 332 muertos, 649 heridos y un desaparecido, cuatro mil 292 viviendas dañadas, tres mil 827 destruidas y 10 mil 741 inundadas, desde agosto del año pasado hasta la fecha.
En total, el registro reconoció unas 18 mil 860 familias damnificadas, equivalentes a 90 mil 528 personas, reseñó el periódico.
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