El defensor, Roberto Su, confirmó que su cliente no se acogerá a la llamada colaboración eficaz porque no se reconoce culpable de los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, a cambio de una pena menor a la de 20 años de cárcel que pide el fiscal del caso, José Pérez.
“El procedimiento de sentencia anticipada (admisión plena de culpa) o una colaboración eficaz sobre este o sobre otros hechos, suponen admitir una responsabilidad, una culpabilidad, lo que está muy lejos de la estrategia de defensa” de Toledo, dijo.
El exmandatario, quien llegó el domingo último extraditado desde Estados Unidos, se negó ayer por segunda vez a participar en una audiencia de la fase preparatoria del juicio en su contra, a lo cual lo convoca el juez Richard Concepción Carhuancho.
De otro lado, el fiscal coordinador de los casos de corrupción de empresas brasileñas, como el que protagoniza Toledo, Rafael Vela, declaró que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no interviene en el proceso del exgobernante acusado de recibir un soborno de 35 millones de dólares de empresas brasileñas.
“El caso está a cargo de José Domingo Pérez como fiscal y, después, de Richard Concepción Carhuancho, quien es el juez de investigación preparatoria que está controlando el contenido de acusación”, dijo Vela.
Lo dijo a raíz de la activa presencia de la polémica fiscal en la llegada y los trámites migratorios judiciales de Toledo, donde, según el fiscal Pérez, debió estar él porque es el representante autónomo del Ministerio Público.
Una versión periodística dijo inclusive que Benavides había ofrecido inmunidad total a cambio de que delate cómplices o de información valiosa sobre corrupción durante su gobierno (2001-06), lo que ella no ha desmentido.
La oficina de prensa del Ministerio Público afirmó que la fiscal participó en las diligencias de la llegada de Toledo “como autoridad central en materia de extradiciones”, con fines de supervisión y que informó a Toledo de sus derechos.
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