La autoridad judicial amplió este miércoles la medida cautelar por 120 días más en el penal ubicado en el departamento de la Paz como parte de la imputación que se le sigue por varios delitos, entre ellos el de terrorismo.
Laura consideró fundado el recurso de incidente solicitado por el Ministerio Público, la Procuraduría del Estado y la cartera de Gobierno debido a que existen actos investigativos pendientes como la declaración de otros implicados en el caso.
Camacho es investigado por la presunta comisión de las ilícitas de terrorismo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, uso indebido de bienes y servicios públicos; cohecho activo y asociación delictuosa.
Recluido desde el 30 de diciembre, el próximo domingo se cumplen los cuatro meses de reclusión preventiva que se dispuso en una primera instancia y que ahora fueron prolongados hasta finales de agosto.
En el expediente Golpe de Estado I se investiga el complot que forzó en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertes, cientos de heridos y miles de apresados y torturados ilegalmente.
Camacho reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre, José Luis, “cerró” con militares y policías un acuerdo para que violaran su compromiso constitucional y no respaldaran al presidente Morales.
Ese complot aceleró la acción golpista y la toma del poder por Áñez al frente de un gobierno de facto en Bolivia.
Cohecho activo, según el artículo 158, precisa que quien “directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del Art. 145, disminuida en un tercio”.
En noviembre último, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció movimientos bancarios de Camacho entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019 ascendentes a 4,5 millones de bolivianos (más de 642 mil dólares).
La fiscalía reclama “una pericia de auditoría forense a las transacciones que Camacho realizó en 2019 y que, presuntamente, fueron a cuentas de algunos militares como del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros, cuyo abogado admitió que recibió financiamiento del gobernador ahora encarcelado preventivamente.
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