Un comunicado emitido por la oficina del Presidente Cyril Ramaphosa la víspera en la noche sostiene que la aclaración sigue a un error en un comentario realizado durante una rueda de prensa del Congreso Nacional Africano (ANC, partido de Gobierno).
Lamentablemente, agrega la nota, el presidente Ramaphosa afirmó erróneamente una posición similar durante la sesión de prensa en ocasión del recibimiento de su homólogo finlandés, Sauli Niinistö.
“Sudáfrica sigue siendo signataria de la CPI de conformidad con una resolución de la 55 Conferencia Nacional del ANC, celebrada en diciembre de 2022, para rescindir una decisión anterior de retirarse de la CPI”, ratifica el comunicado.
En ese sentido, detalla el texto, el país continuará haciendo campaña por la aplicación igualitaria y coherente del derecho internacional.
Según el documento, al seguir siendo signataria del Estatuto de Roma, “Sudáfrica se guía por la importancia de fortalecer las instituciones de gobernanza mundial”.
En consecuencia, prosigue, el país trabajará para fortalecer el llamado protocolo de Malabo, que establecería un tribunal penal continental africano que complementaría a la CPI como tribunal de última instancia.
Además, explica, Sudáfrica está considerando una enmienda legislativa que modificaría el Estatuto de Roma, en concreto lo dispuesto en el artículo 98, que exige una renuncia a las inmunidades de las personas acusadas por la CPI de terceros países donde no haya una remisión por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.
Para ello, según lo expresado, Sudáfrica tomará como caso de orientación la forma en que el Reino Unido adaptó el Estatuto para incorporar las disposiciones del artículo 98.
Para el Comité Ejecutivo Nacional del ANC “la potencial salida de la CPI sería solo una opción que se plantearía como último recurso en ausencia de opciones legales que resultarían en equidad y consistencia en la administración del derecho internacional”.
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