Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
En un reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reflejaron varios medios de prensa, se apreciaron incluso contradicciones con los reportes de la Contraloría General de la República, fiscalizadora de este tema.
De acuerdo con el MEF, en 2022 el presupuesto del Estado se modificó a través de créditos extraordinarios y traslados que ascendieron a dos mil 496 millones de dólares, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 27 mil 791 millones de dólares para el periodo fiscal.
Por su parte, la Cuenta General del Tesoro registró que en pagos a los trabajadores se desembolsaron cuatro mil 50 millones de dólares, entre enero y octubre pasado, pero aún no se conoce el dato al cierre de 2022, por lo que es imposible comparar si la cifra aumentó o disminuyó en relación con 2021.
El MEF, sin embargo, asegura que de un año a otro hubo reducciones en esos desembolsos, en relación con el total de 2021 que ascendió a cuatro mil 441 millones de dólares.
Pero como indican los investigadores, la supuesta disminución de 390,7 millones de dólares es incierta, pues deja de contabilizar los últimos dos meses de 2022.
OTRAS INCONGRUENCIAS
En el mismo documento se destaca que el promedio en el número de empleados al cierre de 2021 fue de 248 mil 339 funcionarios, mientras que hasta octubre pasado, la cifra promedio era de 250 mil 905, es decir, un incremento de dos mil 556 empleados públicos, sin contar noviembre y diciembre.
Sin embargo, en marzo último el contralor Gerardo Solís presentó ante la Asamblea Nacional (Parlamento) un informe de gestión en el cual asegura que hasta diciembre de 2022 se refrendó una plantilla de 277 mil 276 trabajadores, incluidos los funcionaros del legislativo.
La estadística se contraviene con lo expresado por el titular del MEF, Héctor Alexander, cuando hizo alusión en febrero de 2021 a que en el país se benefician de leyes especiales de ajustes salariales unos 148 mil 739 funcionarios, lo cual representaba el 41 por ciento de los servidores públicos y suponía un auge paulatino de las plantillas.
Sobre el tema, el experto laboral René Quevedo alertó que las diferencias no son únicamente entre el MEF y la Contraloría, sino entre los distintos informes que elabora esta última institución.
Quevedo declaró al diario La Prensa que un reporte de la Contraloría de octubre de 2021 señaló que hasta esa fecha había 255 mil 496 funcionarios, pero en la encuesta de mercado laboral se registró que hasta ese mismo mes de dicho año hubo un sustancial auge (2,4 por ciento), lo que elevó la cifra de 293 mil 398 empleados en 2019 a 300 mil 547 en 2021.
Para Quevedo, ante aseveraciones gubernamentales de que el Estado tuvo que recurrir a endeudamiento para pagar plantillas y también subsidios, es clave conocer el grado de intervención estatal en el mercado laboral, lo cual estimularía el clima de confianza a la inversión privada.
INFORMALIDAD LABORAL
La situación en Panamá es extremadamente compleja, según estudiosos, debido a que la Covid-19 trajo entre otras consecuencias la pérdida de 407 mil empleos formales privados (47 por ciento del total existente antes de la pandemia), y el sector productivo perdió capacidad para generar nuevas plazas.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) confirman que el 70 por ciento de la expansión laboral se debe al aumento de trabajadores informales y funcionarios, mientras del otro 30 por ciento, el 24 son empleos formales.
En ese sentido, varios sectores del empresariado privado y organizaciones populares llamaron con insistencia a la transparencia en las informaciones oficiales, lo que ayudará a definir políticas públicas para promover el desarrollo económico.
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