El escándalo salió a la luz tras la publicación el 30 de abril en el diario español El País de un reportaje investigativo basado en las revelaciones de Pedrajas en su diario íntimo y el testimonio de víctimas de esos abusos.
Tras calificar de “horror” esos actos ilícitos, el procurador general del país altiplánico, Wilfredo Chávez, formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra los presuntos encubridores del “jesuíta violador”, fallecido en 2009.
Asimismo, mediante la Cancillería solicitó a la Fiscalía española elementos sobre el caso y la colaboración del diario El País con la información que posee.
Según esa publicación, “unos siete superiores y una decena de clérigos” conocían los abusos cometidos por Pica, guardaron silencio e incluso ante una denuncia lo enviaron a la región minera de Oruro y, transcurrido un tiempo, lo reintegraron al Colegio Juan XXIII de Cochabamba.
Menciona entre ellos a los jesuitas catalanes Marcos Recolons, identificado como “un acompañante espiritual” de Pedrajas, a Luis Tó y al provincial Ramón Alix.
También aparecen “salpicados” en este escándalo los clérigos ya fallecidos José Arroyo, el teólogo Óscar Uzín y el psicólogo saleciano Ángel Tomás García.
Dos días después de la publicación, la Compañía de Jesús en conferencia de prensa pidió perdón, anunció la suspensión de ocho sacerdotes provinciales de la época en que Pica delinquió sexualmente y anunció una “denuncia general” ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, sobre la base de la “nota periodística” de El País.
Sin embargo, la Asociación de ex Alumnos del Colegio Juan XXIII, denunció que esa cofradía encubrió los abusos sexuales del aberrado español, ocurridos entre 1972 y 1987, y que incluso rechazó investigarlos y expulsó a los alumnos denunciantes.
El procurador Chávez, por su parte, declaró que los presuntos encubridores no pueden pretender estar sentados ahora en el banco de los acusadores, en una “burla a las víctimas».
Por su parte, en un comunicado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez, deploró lo ocurrido y criticó a quienes presuntamente permitieron o protegieron los vejámenes de Pica.
Reclamó, asimismo, que las autoridades competentes intervengan, fiscalicen y controlen todas las instituciones o centros que tengan bajo su cuidado a menores de edad.
El documento llama a evitar la repetición de abusos similares y establece el compromiso de fiscalizar como Órgano Legislativo las pesquisas.
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