Existe un consenso generalizado en que la convocatoria ocurre en un ambiente de poca información e indiferencia entre la mayor parte de los convocados a ejercer el sufragio, a pesar del carácter obligatorio del voto y la amenaza de fuertes multas para los ausentes.
Los debates se centran en un potencial triunfo de las agrupaciones más a la derecha en el espectro político chileno, como el extremista Partido Republicano (PR), que desde septiembre del año pasado intenta capitalizar a su favor el rechazo a un primer proyecto de Carta Magna.
A su lado está el Partido de la Gente (PDG), una formación sin estructura clara, creada sobre la base de las redes sociales y con una orientación ideológica imprecisa, pero que apunta a un rancio conservadurismo.
El exministro durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Antonio Viera-Gallo, advirtió que una victoria de esos dos partidos provocaría “un terremoto político” porque ambos se oponen a una nueva Constitución y optan por mantener la heredada de la dictadura.
Recordó Viera-Gallo que esas dos agrupaciones no firmaron el pacto que abrió el nuevo proceso constituyente en el Congreso Nacional, pero ahora se presentan como la mejor opción para integrar el consejo encargado de redactar la ley fundamental del país.
Si el PR y el PDG sacan más votos que la derecha tradicional, el panorama será muy complejo no sólo para el Gobierno, señaló, sino también para el opositor Chile Vamos.
Por otra parte, el analista político y director del grupo Tú Influyes, Axel Callís, dijo que si las dos listas formadas por los grupos de Gobierno, Todo por Chile y Unidad por Chile, no logran más de 20 consejeros, el Ejecutivo quedaría muy debilitado.
El Consejo Constitucional estará formado por 50 miembros y de acuerdo a las normas establecidas, la mayoría calificada es de tres quintas partes, es decir 30 curules que tendrían la capacidad de imponer a su antojo el nuevo texto.
Callís señaló la gran frialdad de hoy día en comparación a lo ocurrido hace un par de años y aseguró que, a pesar del voto obligatorio, si asisten 12 de los 15 millones de convocados ya sería un éxito.
El investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortúzar, advirtió que si este proceso constitucional fracasa vendrán en el país gobiernos cada vez más autoritarios y el estado de excepción será una forma común de ejercer el poder.
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