El semanario Hildebrandt en sus 13 publicó parte de la posición de Perú ante un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundida el 4 de marzo, que el diario Uno califica como “Ni tan, tan, ni muy, muy”, frase local que define lo ambiguo.
La investigación reconoce violaciones de derechos humanos y plantea que posiblemente hubo ejecuciones extrajudiciales y masacres, lo cual negó el Gobierno, al destacar el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Como es usual la CIDH, un organismo parte del llamado Sistema Iberoamericano,de la Organización de Estados Aemricanos, bajo la égida de Estados Unidos, se abstuvo de imputaciones claras y formulaciones en condicional, sin los términos radicales que suele utilizar cuando se pronuncia contra gobiernos de izquierda de la región, aunque no estén en su ámbito, limitado a los que se se someten a su jurisdicción.
Según el documento revelado, que según Hildebrandt en su 13, denotan hipocresía, porque libera de culpa al Ejecutivo y deja las responsabilidades en manos de los uniformados.
La respuesta oficial señala que “los resultados lamentables (las muertes) ocurridos no han sido generados por decisiones políticas autoritarias” y “de ninguna forma se promovieron (desde el Gobierno) directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal”.
Al mismo tiempo, afirma que “los posibles excesos de la fuerza militar y policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales”.
Precisa que en los próximos meses habrá “una reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, lo que no se ha anunciado oficialmente aquí.
De otro lado, un comunicado del partido derechista Fuerza Popular (FP), calificó como “tibia” la respuesta de la presidenta Dina Boluarte ante el informe final de la CIDH.
Al parecer, «al gobierno no le interesa que se ponga en tela de juicio las acciones desplegadas por nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y nuestra valerosa Policía Nacional”, sostuvo el comunicado de FP.
En marzo pasado, la prensa reveló declaraciones del exministro de Defensa y actual primer ministro, Alberto Otárola, ante la Fiscalía sobre las muertes registradas tras asumir la presidenta Boluarte, en el sentido que ningún miembro del Gobierno tuvo responsabilidades operativas y que estas competen a las Fuerzas Armadas y la Policía.
Según la transcripción oficial de lo declarado por Otárola indica que expresó que como titular de Defensa, durante la primera ola de protestas, “siempre instruí al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que cumpla con las normas del uso regulado de la fuerza”.
El partido FP y grupos afines que, junto las Fuerzas Armadas, constituyen los principales sustentos del gobierno de Boluarte, criticaron entonces esas declaraciones.
También la Asociación de Oficiales Generales retirados de las Fuerzas Armadas (Adogen), exigió entonces al Gobierno que asuma sus responsabilidades y cuestionaron el argumento del Ejecutivo de que una orden verbal de la presidenta Boluarte, de no usar armas de fuego en el control de las manifestaciones.
“Los actores políticos no pueden excusarse en contra-órdenes verbales para impedir el uso de armas reglamentariamente, por ser (las contra-órdenes) de menor jerarquía que una ley o decreto legislativo”, señaló Adogen sobre el decreto estado de emergencia, por el que se encargó a policías y militares enfrentar las protestas.
Según criterio unánime de los analistas políticos, Adogen refleja las posiciones que la cúpula militar no puede plantear por la norma constitucional que prohíbe a los militares hacer declaraciones políticas.
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