“Para mí es un crimen organizado”, afirmó en una larga entrevista vía zoom desde Paraguay al espacio Bien de mañana, del canal estatal Bolivia Tv.
Lima consideró que el caso recientemente denunciado por el diario español El País sobre los 85 crímenes de abuso sexual del cura Pedrajas, la mayoría en Bolivia, es la punta de un iceberg.
“Expreso abiertamente que el caso de Pica es la punta del iceberg -sostuvo el denunciante-, y confío mi seguridad a las autoridades porque sé lo que son capaces de hacer”, sostuvo Lima al responsabilizar a la Iglesia con lo que pueda ocurrirle.
Recordó que cuando estaba en su noviciado y conoció los delitos pederastas que cometían “Pica”, To, Antonio Gaussét y otros lo denunció ante el superior Ramón Alainz.
Agregó que quedó decepcionado cuando esta autoridad lo instó a acallar esas acciones ilícitas con el argumento de que “los trapos sucios se lavan dentro de la orden”.
Recordó también el caso del sacerdote Luis Roma denunciado con pruebas de que generaba pornografía infantil, y cuando entregó las pruebas a las autoridades admitieron su verosimilitud, pero no lo remitieron a la justicia.
Interrogado acerca de por qué no formuló la denuncia ante las autoridades judiciales, Lima explicó que comprendió que era inútil porque uno de los acusados, Antonio Gausset (alias Tuco) era capellán del Tribunal Supremo.
“Controlaba a quienes tomaban la decisión final, pues con ellos jugaba cartas y bebía whisky”, respondió.
Lima indicó que finalmente fue presionado para que se apartara de la orden, con lo cual vio frustrada su vocación sacerdotal.
“Medios periodísticos saben que desde hace muchos años hago estas denuncias y con eso logré la clausura de locales donde se prostituía a los niños”, concluyó el entrevistado.
En Cochabamba, por su parte, la diputada del Movimiento al Socialismo, Pamela Terrazas, confirmó este martes que atendió a víctimas denunciantes del jesuita español Pica Pedrajas, quien falleció en 2009.
Sin revelar nombres para «no revictimizar a los perjudicados», Terrazas dijo a la prensa que recibió otras tres denuncias que involucran a otros sacerdotes.
“Mi persona ya tiene cuatro denuncias, no solamente sobre el caso del Colegio Juan XXIII, estamos hablando de otros sacerdotes, de otros lugares, no quiero mencionar en este momento para no alarmar mucho a la gente, primero vamos a constatar”, concluyó.
Tras calificar de “horror” todas esas ilícitas, en tanto, el procurador general del país altiplánico, Wilfredo Chávez, formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra los presuntos encubridores del “jesuíta violador”.
Asimismo, mediante la Cancillería, solicitó a la Fiscalía española elementos sobre el caso y la colaboración del diario El País con la información que posee.
Según esa publicación, “unos siete superiores y una decena de clérigos” conocían los abusos cometidos por Pica, guardaron silencio e incluso ante una denuncia lo enviaron a la región minera de Oruro y, transcurrido un tiempo, lo reintegraron al Colegio Juan XXIII de Cochabamba.
Mencionó entre ellos a los jesuitas catalanes Marcos Recolons, identificado como “un acompañante espiritual” de Pedrajas, a Luis To y al provincial Ramón Alaiz.
También aparecen “salpicados” en este escándalo los clérigos ya fallecidos José Arroyo, el teólogo Óscar Uzín y el psicólogo saleciano Ángel Tomás García.
Dos días después de la publicación, la Compañía de Jesús pidió perdón en conferencia de prensa, anunció la suspensión de ocho sacerdotes provinciales de la época en que Pica delinquió sexualmente y anunció una “denuncia general” ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de La Paz, sobre la base de la “nota periodística” de El País.
Sin embargo, la Asociación de ex Alumnos del Colegio Juan XXIII denunció que esa cofradía encubrió los abusos sexuales del aberrado español, ocurridos entre 1972 y 1987, y que incluso rechazó investigarlos y expulsó a los alumnos denunciantes.
El procurador Chávez respondió que los presuntos encubridores no pueden pretender estar sentados ahora en el banco de los acusadores, en una “burla a las víctimas».
Desde otro ángulo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez, deploró lo ocurrido y criticó a quienes presuntamente permitieron o protegieron los vejámenes de Pica.
Reclamó, asimismo, que las autoridades competentes intervengan, fiscalicen y controlen todas las instituciones o centros que tengan bajo su cuidado a menores de edad, en un documento que llama a evitar la repetición de abusos similares y establece el compromiso de fiscalizar como Órgano Legislativo las pesquisas.
La onda expansiva de las denuncias erosiona la imagen de la Iglesia Católica en Bolivia, y esta situación se hace visible en la vía pública.
En la ruta de la Avenida Arce hacia el Prado de La Paz, Prensa Latina leyó este martes en la pared del túnel que enlaza a esas arterias un grafitti rubricado por «Mujeres Creativas» que expresa: “Iglesia pederasta, tu careta se devasta”.
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