La medida fue aplicada a José Pérez, que investiga a Fujimori y Toledo; así como a Rafael Vela, coordinador del equipo a cargo de casos de corrupción de empresas brasileñas, quienes afrontarán una indagación preliminar por declaraciones sobre la polémica fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Ambos hicieron comentarios sobre la intervención de Benavides en las diligencias de la reciente llegada de Toledo, extraditado de Estados Unidos, y señalaron que el caso no está a cargo de ella sino del fiscal Pérez cuya labor tiene plena autonomía.
Vela dijo que solo tienen jurisdicción sobre el caso de Toledo el fiscal Pérez, el juez que monitorea las pesquisas y los magistrados que juzgarán al exgobernante por cobrar un soborno millonario a la empresa Odebrecht a cambio de contratos de obras viales.
“Aquí ya no hay intervención de la fiscal de la Nación”, añadió Vela, según cita la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público al notificar la medida.
Benavides dijo entonces que había asistido a la llegada y las diligencias previas al encarcelamiento de Toledo, en ejercicio de su cargo y para informarle sobre sus derechos.
Sin embargo, analistas y juristas críticos de dicha funcionaria señalaron que los fiscales de la Nación solo intervienen en casos de presidentes a los que cubre la inmunidad, es decir cinco años después de terminar el mandato, en el caso de Toledo en 2006.
Pérez y Vela son investigados también, según la autoridad de control, por “comentarios sobre procesos que se encuentran en curso, razón por la cual se debe efectuar una indagación preliminar para verificar si se afectaron los deberes inherentes al cargo”.
El retiro de Pérez del caso de Keiko Fujimori, por otra parte, fue pedido reiteradamente por la defensa de la dirigente neoliberal, cuyo partido, al igual que fuerzas afines, apoyan a la fiscal Benavides por sus acciones contra la corrupción, según afirman.
Pérez pidió 20 años y 10 meses de cárcel para Fujimori, por lavado de activos con fondos electorales recibidos y no declarados y por obstaculización a la justicia.
El mismo fiscal investigó al exgobernante neoliberal Alan García Pérez (1985-90 y 2006-11), para cuya detención obtuvo una orden judicial, ante la cual García se suicidó en abril de 2019.
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