El fiscal José Pérez formalizó su acusación contra Kuczynski tras cinco años de investigaciones de negocios considerados indebidos de empresas que ganaron más de 12 millones de dólares por servicios de asesoría financiera a la empresa brasileña Odebrecht.
El exgobernante pasó la mayor parte de ese tiempo en detención domiciliaria y prohibido de salir del país, medidas que recientemente fueron revocadas por cumplirse el tiempo para el que fueron dictadas. Las empresas de Kuczynski operaron y asesoraron a Odebrecht para el logro de contratos de obras estatales, cuando él era primer ministro y titular de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-06), semanas atrás extraditado de Estados Unidos y encarcelado, acusado de recibir un soborno de esa compañía.
Las asesorías encubiertas, según la Fiscalía, sirvieron para las propuestas de Odebrecht con las que ganó los contratos de construcción del proyecto de irrigación de Olmos, la carretera Interoceánica entre la costa peruana y la frontera amazónica con Brasil y obras viales a cambio de la recaudación de peajes.
El exgobernante Toledo declaró en días pasados desde la cárcel, por una convocatoria judicial y, según trascendidos recogidos por la prensa, no aportó elementos contra Kuczynski.
De otro lado, la Corte Superior de Lima convocó el expresidente Fujimori a declarar el 19 de mayo en el proceso de investigación de la Fiscalía por la esterilización forzada de más de aproximadamente más de 270 mil mujeres pobres e indígenas durante su gobierno (1990-200).
El interrogatorio fue solicitado por la Corte Suprema de Chile, a la que su similar de Perú ha pedido agregar el caso de las esterilizaciones a los de homicidio agravado y corrupción por los que Fujimori cumple condena por crímenes de lesa humanidad.
Según el tratado de extradición peruano-chileno, un extraditado solo puede ser juzgado por delitos consignados en la orden de extradición y por los que la justicia chilena autorice posteriormente.
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