Esa propuesta de normativa tiene como trasfondo el escándalo que conmociona al país altiplánico tras la revelación en un diario de al menos 85 delitos de este tipo por parte del cura pederasta Alfonso Pedrajas (alias Pica), la mayoría en Bolivia.
Los abusos del sacerdote jesuita fueron desvelados el 30 de abril en una amplia investigación por el periódico El País, de España, y su onda expansiva originó en Bolivia una indagación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre el encubrimiento de otros clérigos a las ilícitas de “Pica”, fallecido en 2009.
Prada explicó que con la futura norma los delitos cometidos contra la niñez y adolescencia “podrán ser investigados y juzgados cualquiera sea la fecha que se hayan cometido, de modo que los que sean declarados culpables sean efectivamente castigados”.
De acuerdo con el artículo dos de la iniciativa propuesta, “son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el título onceavo de los delitos contra la libertad sexual del Código Penal elevado a rango de ley, por la Ley 1768 cuyas víctimas sean infantes, niños, niñas y adolescentes”.
En tal sentido, el documento plantea modificar los artículos 308 y 308 (bis) del Código Penal para que se sancione a los autores de este tipo de ilícitas cuando las víctimas sean menores de edad, además de ampliar la protección penal frente a estos crímenes por parte del Estado.
Al propio tiempo, agrega la propuesta, todas las entidades del Estado deberán garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia.
En su tercer artículo, la iniciativa precisa que, mínimamente, se deberá proporcionar a las víctimas con “carácter gratuito” información y asesoramiento de acuerdo con su grado de madurez, patrocinio legal, facilitación y acompañamiento, tratamiento sicológico y siquiátrico especializado con perspectiva de género y niñez, así como asistencia médica.
La ministra abogó por que la norma sea aprobada con celeridad en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que con ella se establezcan, además, mecanismos de lucha contra la impunidad en delitos contra la libertad sexual con infantes y adolescentes como víctimas.
Recordó que estos están bajo el amparo de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, ratificada por la Ley 1152 y por la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Agregó Prada que la consideración de esta propuesta también abrirá el debate acerca de cómo encarar los casos denunciados hasta el momento, y respecto a cómo proceder con los encubridores de los delitos de violación y abuso sexual.
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