Santos debía concurrir este miércoles ante los fiscales que investigan el caso denominado Coimas, pero de manera voluntaria se presentó 24 horas antes y tras sus declaraciones fue trasladado en calidad de “aprehendido” a las celdas del Departamento Nacional de Investigaciones de Ganancias Ilícitas de la Policía.
En esta jornada, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reveló en conferencia de prensa que el presidente, Luis Arce, le pidió la renuncia al extitular.
“Ni bien se ha conocido la información públicamente a través de los medios de comunicación, el presidente Luis Arce le ha pedido su renuncia (…) para que él pueda asumir su defensa como corresponde», explicó Alcón.
Enfatizó la vicetitular en que el Gobierno nacional lucha contra la corrupción y que cada funcionario público está sujeto a la fiscalización.
Aclaró que este proceso aún está en la etapa preliminar de investigación y que el Ejecutivo respetará las etapas de la pesquisa.
“Nosotros como servidores públicos estamos sujetos a fiscalización y acá el trabajo se desarrolla de manera transparente”, concluyó Alcón.
Por su parte, el fiscal Franklin Aborda declaró que el Ministerio Público presentará una imputación formal según corresponde, lo cual se informará oportunamente, sin embrago, no aclaró si se determinará el encarcelamiento cautelar contra el exministro dimitente o si se le permitirá defenderse en libertad.
Susana Ríos, vicetitular de Transparencia Institucional en el Ministerio de Justicia, en tanto, informó que en el contexto de la lucha contra la corrupción las investigaciones sobre el caso Coimas tienen un avance significativo, pues se cuenta con datos de información bancaria.
Santos está involucrado en el proceso abierto por Transparencia en contra de Alexander S. S. por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito mediante presuntos cobros de coimas por la adjudicación de obras.
Ríos explicó que este proceso fue activado luego de conocer publicaciones en las redes sociales en el mes de enero de 2023 y por ello se iniciaron los requerimientos a Derechos Reales y el registro de propiedad de vehículos.
El 15 de febrero una denunciante contactó con el Viceministerio y entregó “información parcial” para que el Ministerio de Justicia indagara, por lo cual se solicitó información bancaria que llegó de manera amplia el 15 de marzo.
Tras requerimientos ampliatorios, en abril se verificó la compra de muebles y movimientos irregulares de las cuentas bancarias de dos personas, que ya están detenidas, confirmó Ríos.
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