Según el activista, los operarios en la mayor mina de cobre del país istmeño, en el distrito Donoso, en Colón, continúan en sus puestos, pero con “bajo ritmo de operación como forma de protesta”.
Señaló además que existen diferencias entre STM y los afiliados a la Unión de Trabajadores de Minera Panamá.
Del Cid dijo que se han dado irregularidades en el proceso para determinar el número de afiliados en las organizaciones sindicales que permite establecer cuál agrupación mayoritaria debe negociar la convención colectiva con la empresa.
Del Cid dijo que la compañía ahora se niega a reconocer al sindicato STM y al mismo tiempo cuestionó la postura del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que se desentiende de este conflicto.
Aunque afirmó que están abiertos al diálogo demandaron respeto a la libertad sindical, porque lo más importante es que lo importante es que la organización logre los beneficios y las protecciones que necesitan los trabajadores, apuntó.
Minera Panamá y el Gobierno suscribieron un contrato que someten ahora a una consulta ciudadana pero no vinculante, y en ese sentido recibe severas críticas por el manejo de fondos y el impacto que tendrá en las comunidades y programas sociales.
Sobre la distribución de los 375 millones de dólares anuales que deberá aportar al Estado la empresa, según ese texto, el Ejecutivo nombrará cuatro integrantes de una junta directiva que administrarán el fideicomiso, ninguno de ellos de agrupaciones campesinas ni colectivos populares, apuntan las denuncias.
Para voceros de organizaciones sociales es improcedente cualquier negociación que emprenda el Gobierno con la minera, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
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