“Se ha determinado seis meses de detención preventiva en San Pedro”, informó a la prensa un portavoz del Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción de La Paz.
El extitular está vinculado con millonarios movimientos económicos y compras de decenas de bienes inmuebles y vehículos en Tarija y Pando, con dineros provenientes -según la denuncia- de coimas cobradas a empresas para adjudicarse obras.
Durante la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía basó su solicitud de arresto preventivo en los riesgos de interferencia a los trámites procesales y el peligro de fuga.
Este expediente penal fue abierto por el Viceministerio de Transparencia Institucional en contra de Alexander S. S., sobrino del exministro, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Otra colaboradora del extitular, presentada a la prensa como Viviana B., también aparece imputada en la misma causa y permanece encarcelada.
Según el testimonio de una testigo, Santos utilizó varias personas de su confianza para cobrar coimas a empresas privadas que pretendían adjudicarse determinados proyectos del Ministerio de Medio Ambiente.
Las investigaciones preliminares indican que Alexander S. S. compró cinco inmuebles en un solo día y Viviana B., seis en tres meses.
Ambos ejecutaron movimientos bancarios irregulares superiores a los 2,7 millones de bolivianos (cerca de 387 mil dólares).
De acuerdo con el Ministerio Público, esta pesquisa incluye alrededor de 60 cuentas bancarias relacionadas con las denuncias de corrupción en esa cartera.
“Vamos a continuar con las investigaciones caiga quien caiga y vamos a ampliar a todas las personas partícipes o involucradas en el proceso. (…) Contamos con datos de información bancaria”, aseguró Susana Ríos, vicetitular de Transparencia Institucional.
Ríos confirmó que en el contexto de la lucha contra la corrupción, las investigaciones sobre el denominado caso Coimas tienen un avance significativo.
Subrayó que este expediente fue activado luego de conocer publicaciones en las redes sociales en el mes de enero de 2023, por lo cual se iniciaron los requerimientos sobre propiedades a Derechos Reales y a la oficina de control de la propiedad de vehículos.
El 15 de febrero una denunciante contactó con el Viceministerio y entregó “información parcial” para que el Ministerio de Justicia indagara, por lo cual se solicitó un reporte bancario que llegó de manera amplia el 15 de marzo.
Tras requerimientos ampliatorios, en abril se verificó la compra de bienes inmuebles y movimientos irregulares de las cuentas bancarias de dos personas, que ya están detenidas, concluyó Ríos.
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