En la audiencia judicial convocada para ventilar el recurso, Castillo hizo la petición en un breve discurso, por teleconferencia, y dijo que está convencido de que ni la procuraduría del Estado ni el Ministerio Público han podido sustentar sus imputaciones y solo plantean supuestos y afirmaciones en condicional.
Por ello, invocó al juez supremo Juan Carlos Checkley, a cargo del caso, que “emita una decisión correcta, en función de los argumentos que ha presentado mi defensa; sin ningún tipo de apasionamiento, sin parcialización en mi contra”.
En su exhortación al magistrado, le pidió “una decisión firme, que haga honor a la justicia y sin ceder a ninguna presión mediática; una decisión correcta y no basada en supuestos” y aseguró que no cometió los delitos invocados para la investigación en marcha.
“En mérito a ello, pido una decisión firme para obtener mi libertad, de la que estoy privado injustamente”, afirmó el exmandatario que, según la Fiscalía, habría cometido los delitos citados al intentar la disolución del Parlamento de mayoría adversa a su administración, el 7 de diciembre de 2022.
Ese mismo día, la Policía lo detuvo cuando se dirigía a la Embajada de México, a poner allí a salvo a su familia, y horas después fue internado en la cárcel de alta seguridad reservada para altos funcionarios, en la que también está encerrado el exgobernante Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad.
El pedido presentado por la defensa de Castillo se denomina recurso de excepción de «improcedencia de acción” y se basa en la convicción de que el delito imputado carece de fundamento, por lo que el juez tendría que archivar la causa definitivamente.
Para Castillo y su abogado, el delito de rebelión que se le atribuye consiste, según el Código Penal, en una acción colectiva armada y el exmandatario solo lanzó un anuncio de disolución del Congreso, sin que haya utilizado armas, “ni siquiera un corta-uñas”, según dijo con anterioridad.
Castillo, a decir de la Fiscalía, también habría cometido los delitos de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, los que el exmandatario igualmente niega.
El expresidente se encuentra en prisión preventiva por 18 meses, a la que fue sometido tras su detención y posteriormente el Poder Judicial le impuso una medida similar, que reemplaza a la primera, por presunta corrupción en el contrato de la construcción de un puente, de lo que el imputado afirma ser ajeno e inocente.
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