Uno de los comparecientes, el empresario inmobiliario Gabriel Btesh, dio a la jueza Baloisa Marquínez, al frente de la audiencia, detalles de una llamada del exgobernante para que recibiera unos tres millones de dólares con el compromiso de luego enviarlo a la cuenta para la compra de diarios de la editora Panamá América (Epasa) con fondos públicos.
Btesh narró que le dijo a Martinelli que no podía recibir todo el monto él solo, por lo que solicitó a su hermano Mike ayuda con el resto y ahora expresó sentirse arrepentido de haber involucrado a sus familiares y a los socios de estos en un asunto judicial del que, según él, nada tienen que ver.
De esta forma el dinero proveniente de David Ochy –dueño de la empresa Transcaribe Trading y aforado en el proceso–, quien transfirió aproximadamente dos millones de dólares, se repartieron entre las cuentas de las empresas Gold Park Investment, Pavilion Financial Company y Pueblos 1D, de las cuales Btesh es el beneficiario final, indicó la Fiscalía.
Luego de escuchar a Btesh, el fiscal llamó a Danny Cohen, quien corroboró la versión del primero en cuanto a la recepción de los fondos y de que el resto de los socios ignoraba la transacción.
El tercer testigo fue el abogado Ricardo Chanis, contratado por Henry Mizrachi para elaborar los documentos para la compra del medio de comunicación que confeccionó el 22 de diciembre de 2010.
En la audiencia, que se extenderá hasta el 5 de junio próximo, quedó acreditado que Martinelli es el principal accionista de Epasa y uno de los 15 imputados que son enjuiciados por presunto blanqueo de capitales, pese a que fue hospitalizado para una operación en la columna vertebral.
El 9 de diciembre de 2022 la letrada Marquínez decretó la apertura de causa criminal al exmandatario, pero desde entonces diversos artificios empleados obstaculizan las audiencias.
La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
Martinelli enfrenta otras imputaciones por diferentes casos de corrupción, entre estos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y se mantiene la medida cautelar de prohibición de salida del país.
De acuerdo con el MP, los desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que, a su vez, recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014.
En esa lista sobresalen la autopista Arraiján-La Chorrera, la ciudad deportiva de la caribeña provincia de Colón y la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento), entre otras.
La lista de los llamados a juicio tiene un factor común, y es que la mayoría son contratistas del Estado en la administración de Martinelli y están vinculados a otros casos judiciales, que se relacionan entre sí, por lo que New Business parece ser la pieza del rompecabezas que los une, según la fiscalía.
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