La rúbrica de la regulación acontece pocos días antes de la fecha en la que, según los funcionarios del Tesoro, el departamento se quedaría sin dinero para pagar las cuentas de la nación, lo que podría desencadenar una recesión y dañar la economía, reportó The Hill.
El Senado aprobó el proyecto el jueves pasado por la noche con una votación bipartidista de 63 a 36, después de que la Cámara de Representantes también le diera luz verde un día antes con 314 legisladores a favor y 117 en contra.
A algunos miembros tanto del Partido Republicano como del Demócrata les disgustaron determinados elementos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que incluye dos años de topes en el gasto federal no militar y dispone de un aumento de un uno por ciento para 2025.
Mientras ciertos conservadores sienten que el acuerdo no hizo lo suficiente para frenar el gasto público, los liberales progresistas están molestos por los nuevos requisitos implementados para que las personas vulnerables puedan recibir asistencia del Gobierno.
Otro tema de polémica resultó el retiro de los fondos asignados al Servicio Interno de Impuestos que servirían para reforzar la lucha contra la evasión fiscal por parte de los más adinerados, y la relajación de las medidas para limitar la aprobación de nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos.
De acuerdo con un análisis del diario The Hill, la aprobación de la legislación significó una victoria para el mandatario, quien logró el objetivo de los demócratas de dejar cualquier aumento futuro del límite de deuda más allá de las elecciones presidenciales de 2024.
“Nadie obtuvo todo lo que quería, pero el pueblo obtuvo lo que necesitaba”, expresó la víspera Biden a propósito de la norma.
Sin embargo, según la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color de Estados Unidos (Naacp por sus siglas en inglés), la regulación “refleja prioridades fuera de lugar”.
“El acuerdo evita la calamidad del incumplimiento, pero debilita la protección ambiental, la capacidad del Servicio Interno de Impuestos necesaria para recaudar ingresos y agrega requisitos onerosos para los estadounidenses que buscan asistencia pública”, expresó Derrick Johnson, director ejecutivo y presidente de esa organización.
Añadió que los legisladores conservadores estaban dando prioridad a las corporaciones y las personas ricas.
También en este aspecto, el representante demócrata Jim McGovern expresó su enfado porque la norma recortará los beneficios alimentarios para los más pobres sin hacer nada para aumentar los impuestos a los ricos o controlar el gasto militar.
“Mejorar los beneficios para algunos no justifica poner a 700 mil adultos mayores en riesgo de perder beneficios alimentarios críticos que salvan vidas”, remarcó el congresista.
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