En el acto del Día de la Bandera afirmó que “esta democracia recibió una embestida y fue atacada por un golpe de Estado, cuyos móviles se van conociendo cada vez más”.
“Ahora se sabe que esa impronta autoritaria no fue un acto individual ni improvisado, como se pretendió justificar, sino que fue un zarpazo planificado en el que habrían participado diversos actores”, sostuvo.
Aludió así al informe oficial de que se encontró en el Palacio de Gobierno, en el que Boluarte cumplió hoy seis meses, el texto de un decreto de reorganización de organismos judiciales, por lo demás mencionado en el discurso en el que, el 7 de diciembre de 2022, intentó, sin lograrlo, disolver el Legislativo.
La gobernante sostuvo que la ciudadanía se mantiene a la expectativa del resultado de las investigaciones sobre lo que calificó como golpe de Estado de Castillo, para que los responsables sean castigados, lo que deberá establecer un precedente.
“Mientras tanto, como gobierno, nuestro deber es seguir afianzando la estabilidad, la democracia, y recuperar la confianza”, dijo, pese a que los primeros análisis sobre su semestre de gobierno señalan como característica fundamental la inestabilidad.
Una reciente encuesta verificó que la mayoría de los consultados consideran que fue el Parlamento el que dio un golpe de Estado a Castillo y todas las encuestas consignan una aprobación a la gestión presidencial de menos de 20 por ciento y una desaprobación ampliamente mayoritaria.
La más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos estableció que 82 por ciento de los consultados considera conveniente el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que implica el cese de la administración de Boluarte.
Otros resultados del sondeo indicaron que 79 por ciento desaprueban la forma en la que la presidenta conduce el gobierno y solo 15 por ciento la aprueba, mientras el Parlamento que la respalda registra una desaprobación de 90 por ciento y una aprobación de seis por ciento.
El ascenso de la mandataria dio lugar a protestas entre diciembre y marzo últimos, con un saldo de casi 70 muertos, en su mayoría en la represión, tema que es investigado, muy lentamente según críticos del Gobierno.
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