Como parte del caso denominado Barajas por la prensa, en referencia al aeropuerto de Madrid donde fueron descubiertos en febrero último los 478 kilogramos del narcótico, resultaron aprehendidos L.R.L, funcionaria de la Aduana Nacional en Viru Viru, y J.C.V, oficial de seguridad aeroportuaria.
En medio de la reserva que caracteriza a este expediente, se conoció que la funcionaria aduanera responsable de las cámaras de seguridad se presentó cerca del mediodía de este jueves en la Fiscalía Antinarcóticos y quedó detenida.
Interrogada por el Ministerio Público, L.R.L. confesó que ella y otro funcionario tenían acceso a los equipos.
Precisó, además, que el monitoreo se controlaba tanto desde la ciudad de Santa Cruz, como de La Paz.
Con anterioridad, el oficial de seguridad aeroportuaria J.C.V. prestó declaraciones informativas y quedó aprehendido, según el canal estatal Bolivia Tv.
Este miércoles, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, expresó dudas en relación con las autoridades españolas, pues el descubrimiento en Madrid de las sustancias prohibidas lo realizó en febrero la Administración de Impuestos Especiales de Madrid, pero solo el 30 de mayo último se informó a Bolivia.
El cargamento estaba empaquetado en 12 bultos dentro de un contenedor en la bodega de un vuelo procedente del aeropuerto internacional cruceño, que no fueron declarados en el momento del embarque.
“¿Por qué fue la Aduana la que se dio cuenta de la carga y de las irregularidades, y no así la Guardia Civil?”, ¿por qué no investigamos eso?, preguntó el titular.
Del Castillo reveló que fueron remitidos correos a todas las autoridades de España para obtener una respuesta oficial.
Recordó que en marzo fue descubierto en la terminal internacional de Viru Viru un cargamento de 67 mil 744 pastillas de MDMA (narcóticos sintéticos) procedentes del país europeo.
Al respecto preguntó, «¿por qué no hay ningún aprehendido en este caso o acaso en España no hay controles?, ¿por qué no hay responsables civiles o policías por el envío de droga a nuestro país con empresas de Courier, básicamente, con los mismos propietarios?”.
El ministro se refirió así a la compañía Courier José María, propiedad de Carolina Candia Romero, que tiene como trabajador a Ronald Marcelo Cabrera y como apoderada legal a Maribel Romero Antelo, quien está relacionada con ambos hechos ilícitos.
“¿Por qué no se está investigando cómo se envía droga? (de España a Bolivia), concluyó del Castillo.
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