“Se le ha rociado con algún material químico y luego se ha procedido a golpearla hasta que la han tumbado al piso y ahí se le dado una serie de golpes”, afirmó la titular tras visitar a Cruz en una clínica de la capital cruceña.
Prada narró que la víctima le dijo que no “hubo la intensión de provocar” a los supuestos activistas que se oponían a la toma de posesión de dos asambleístas indígenas, que ponen en riesgo el control legislativo en Santa Cruz de la alianza Creemos, del encarcelado preventivamente gobernador, Luis Fernando Camacho.
Según la ministra, Cruz le confirmó que solo acudió a “cumplir sus funciones como asambleísta”.
Sin embargo, cuando intentaba ingresar al edificio de la Gobernación, donde también funciona el Órgano Legislativo departamental, fue insultada y agredida “de la manera más cobarde”, sostuvo Prada.
La legisladora fue atacada por un grupo de choque, entre ellos hombres, quienes la derribaron al suelo, le tiraron del cabello, la patearon y también a puñetazos la golpearon en la cara y cabeza, y como resultado quedó gravemente herida al punto de que fue hospitalizada e inhabilitada por 36 días.
Según los hechos filmados por la televisión en pleno día, inicialmente 15 personas resultaron aprehendidas, de ese total 14 fueron presentados ante un juez cautelar y de ellos 13 encarceladas preventivamente por 180 días. Un imputado quedó pendiente porque fue trasladado a un hospital.
Mientras las pesquisas continúan para dar con todos los involucrados, seguidores de Camacho en la alianza Creemos y voceros del Comité Cívico cruceño calificaron de “autoatentado” el ataque contra Cruz y que entre los agresores estuvieron “infiltrados del Movimiento al Socialismo”.
Prada consideró descabelladas estas elucubraciones e indicó que solo pretenden no condenar estos delitos que dañan a la democracia y la libertad.
La ministra confirmó que, para dar seguimiento a las investigaciones, este miércoles será activado el “mecanismo de prevención y atención inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso o violencia política”.
Integran este aparato institucional representantes de los ministerios de Justicia y de Gobierno, además de la vicecartera de Autonomías, del Órgano Electoral, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía Boliviana, organizaciones representativas, autoridades electas a escala nacional y de las entidades autónomas.
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