Conforme con la ley, el pacto será remitido a la Contraloría General de la República para refrendarlo y solo después se presenta ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que podría o no aprobarlo.
De acuerdo con el titular de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, principal promotor del pacto, ese texto es un triunfo histórico para Panamá, pues el país se asegura un pago mínimo garantizado de 375 millones de dólares anuales, lo que se traducirá “en una compensación justa por los recursos naturales del pueblo».
En el nuevo contrato se establece una regalía del 12 al 16 por ciento de la ganancia bruta por la comercialización de la libra de cobre y también contempla mejoras en materia laboral y ambiental, según el funcionario.
Sin embargo, en mayo último, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana rechazó el convenio y se sumó a los llamados al legislativo para que lo rechace.
De acuerdo con esa congregación, el contrato que impulsa el Ejecutivo entra en contradicciones con la legislación ambiental y constitucional del país istmeño.
Según la organización católica, la minería metálica no es sostenible en una nación con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá, sustentadas por estudios internacionales y nacionales.
Acota que el área total de uso y servidumbre para la mina de cobre a cielo abierto en la oriental provincia de Colón es de 17 mil 780,38 hectáreas, incluyendo la instalación de manejo de relaves está en medio del Corredor Biológico Mesoamericano y el Área Protegida de Donoso, lo que contradice el ordenamiento legal del país.
Además señala que la lesión a Panamá que llevó a la Corte Suprema de Justicia en 2017 a declarar ilegal el contrato anterior, se mantiene, ya que las ventajas para la empresa son ahora mayores.
Criticado por ecologistas y organizaciones sociales, el polémico pacto fue sometido a una consulta ciudadana pero no vinculante, según denuncias.
Aunque el convenio establece la participación de los gobiernos locales para gestionar proyectos como electrificación, carreteras y caminos, también la ambientalista Raisa Banfield cuestionó la presencia de diputados en una junta directiva del manejo de fondos.
La activista dijo que todo el contrato, el cual además es inconstitucional, está enfocado en generar un enclave que tiene una administración colonial.
De otra parte analistas señalan que es insuficiente el aporte de la minera con el 50 por ciento de las regalías anuales –unos 200 millones de dólares- para respaldar el subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte, programa con el que financia las pensiones la Caja de Seguro Social, a punto de quebrar por falta de recursos financieros.
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