En el programa de opinión Radar, del canal de noticias TVN, el letrado Harley Mitchell indicó que ese pacto fue negociado sin un acto administrativo por funcionarios, quienes se extralimitaron en sus funciones al facilitar cambios al código minero, pero sin facultad para ello.
Mitchell precisó que el contrato con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, además de la extracción de oro, plata, cobre y molibdeno, permite la remoción de arena, producción y venta de energía, uso de tierras, construcción y usufructo de puertos.
También autoriza servicios marítimos auxiliares e incluso la posibilidad de aeropuertos, todo por 375 millones de dólares anuales para el Estado a un plazo de 40 años.
“Este contrato hace que Panamá voluntariamente ceda la soberanía y la capacidad para gobernar”, remarcó.
El experto señaló que, incluso, el texto avala salvaguardas por si el contrato es demandado ante la Corte Suprema de Justicia.
«Por eso dicen que es mejor, es infinitamente mejor para la contraparte”, sentenció.
El pasado 15 de junio el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que el Consejo de Ministros aprobó el contrato y lo remitió a la Contraloría General para ser refrendado antes de entregarlo a la Asamblea Nacional (Parlamento), que podría o no aprobarlo.
De acuerdo con el titular de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, principal promotor del pacto, ese texto es un triunfo histórico para Panamá, pues el país se asegura un pago mínimo garantizado de 375 millones de dólares anuales, lo que se traducirá “en una compensación justa por los recursos naturales del pueblo».
En el nuevo convenio se establece una regalía del 12 al 16 por ciento de la ganancia bruta por la comercialización de la libra de cobre y también contempla mejoras en materia laboral y ambiental, según el funcionario.
Sin embargo, en mayo último la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana rechazó el contrato y se sumó a los llamados al Legislativo para que lo rechace.
Según esa congregación, el convenio que impulsa el Ejecutivo entra en contradicciones con la legislación ambiental y constitucional del país istmeño.
De acuerdo con la organización católica, la minería metálica no es sostenible en una nación con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá, sustentadas por estudios internacionales y nacionales.
Criticado por ecologistas y organizaciones sociales, el polémico contrato también fue sometido a una consulta ciudadana, pero no vinculante, según denuncias.
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